El próximo día 5 de febrero, el centro CRIMINA para el estudio y prevención de la delincuencia de la UMH acogerá la primera reunión de investigadores del proyecto nacional NEXO, financiado por la Agencia Estatal de Investigación del Ministerio de Economía y Competitividad. El proyecto cuenta con una participación de más de una quincena de investigadores procedentes de nueve universidades nacionales e internacionales del máximo prestigio, y será el centro CRÍMINA, y su director el Dr. Fernando Miró Llinares como investigador principal, quien coordinará las diferentes acciones de investigación durante los próximos cuatro años.
El presente proyecto aborda las posibilidades y límites de la incorporación de evidencias científicas de carácter criminológico a la política legislativa en materia penal, en particular a la decisión sobre la criminalización de conductas y el incremento de las penas. El reto se afronta desde un planteamiento novedoso que, por un lado, revisará de qué modo y con qué restricciones deontológicas pueden incorporarse a la práctica del legislador procedimientos de contraste científico que sean útiles y mejoren la racionalidad de la decisión legislativa; y, por otro, analizará empíricamente algunos de los presupuestos centrales en los que basa el legislador la toma de decisiones sobre la incorporación al Código Penal de nuevas conductas o el incremento de las penas de las existentes para comprobar la validez de las hipótesis.
La política legislativa penal de los últimas décadas, calificada por la doctrina como expansiva y punitivista, se argumenta usualmente en un supuesto conocimiento de la realidad acerca de tendencias delincuenciales, demandas sociales de intervención, capacidad disuasoria de la ley penal, que, sin embargo, no se apoya en evidencias científicas y, en algunos casos, resulta incluso contradictorio con las existentes. En un momento en el que el saber criminológico está capacitado para aportar marcos de comprensión adecuados sobre los fenómenos delictivos y los efectos de las leyes y las penas en las personas, en el que desde Europa se exige un mayor control y evaluación sobre la racionalidad de las leyes y en el que la doctrina, continuando su esencial espíritu crítico, comienza a abarcar no sólo la valoración del resultado legislativo sino también el procedimiento adoptado para ello, resulta esencial definir adecuados procedimientos en el quehacer legislativo que permitan incrementar el conocimiento del legislador y de la sociedad sobre la delincuencia, sus causas y efectos, y sobre las posibilidades preventivas reales, pero también los límites, de las leyes penales.
Llevado a cabo por un grupo de investigación que ya ha demostrado en convocatorias anteriores del plan nacional y en otros proyectos nacionales e internacionales su experiencia y capacidad para desarrollar metodologías complejas y totalmente aplicadas a problemáticas concretas y, en particular, para unir con sentido lógico las distintas ciencias penales, NEXO plantea un diseño metodológico de tareas en bloques de trabajo adaptado a los dos objetivos generales pretendidos: (1) incorporar efectivamente al proceso legislativo evidencias empíricas, y (2) revisar los presupuestos empíricos de la toma de decisión legislativa sobre la criminalización de conductas. Estos se lograrán por medio de estudios empíricos acerca del cumplimiento de las normas y la capacidad disuasoria de las penas, las actitudes punitivas y la legitimación de las políticas legislativas o la percepción de la delincuencia y su influencia en la creación de alarmas sociales, entre otros. Y todo ello se materializará en un protocolo para la correcta inclusión de evidencias científicas en la toma de decisiones político legislativas sobre criminalización de conductas cuyo propósito es mejorar el conocimiento de nuestros legisladores y, con ello, incrementar la racionalidad de las leyes, la confianza de los ciudadanos en las instituciones en general y, en particular, en la justicia del sistema penal, condiciones esenciales para el mejor cumplimiento de las leyes y para el bienestar social.