Archivo: dic 2019

Dudas con las estadísticas policiales, democratización del derecho y “cientismos”

CRÍMINA estadísticas policiales

 

Por Redacción CRÍMINA

El Centro CRÍMINA para el estudio y la prevención de la delincuencia de la Universidad Miguel Hernández (UMH) organizó los pasados 12 y 13 de diciembre de 2019 el Seminario Internacional de Derecho Penal bajo el epígrafe “Entre lo empírico y lo normativo”. El evento, celebrado en la sala Misteri del edificio Torrevaíllo del campus de Elche, contó con la participación de destacados expertos procedentes de distintos puntos de España e incluso también con dos profesores procedentes de la Universidad de Lausanne (Suiza).

La jornada arrancó con la inauguración por parte de Fernando Miró Llinares, director del Centro CRÍMINA de la UMH y catedrático de Derecho Penal de la Universidad Miguel Hernández, quien dio la bienvenida a los presentes, muchos de ellos alumnos de Derecho y de Derecho y Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Miguel Hernández.

El profesor Jesús Barquín (Universidad de Granada) hizo de moderador en la primera mesa que llevaba por título “El alcance democrático del Derecho Penal” y en la que intervinieron los expertos Jesús María Silva Sánchez (Universidad Pompeu Fabra) y Daniel Varona Gómez (Universitat de Girona). Fue un inicio muy potente.

Sánchez Silva, entre otras muchas ideas, reseñó que en EE UU la democratización de la justicia penal se entiende como lo opuesto a la burocracia, en el sentido de mayor participación del pueblo, como por ejemplo, a través de los jurados.

 

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Democratización del Derecho

“¿De qué hablamos cuando hablamos de la democratización del derecho. Pues también se puede entender como una crítica a los tribunales constitucionales. Hablar de constitucionalismo no es lo mismo en EE UU que en Alemania”, dijo, entre otras muchas ideas.

Durante el debate posterior, lanzó la pregunta de ¿qué pasa cuando saber Derecho te fastidia el sentido común?, para significar: “Yo no puedo decir que 12 hombres o mujeres justos no impartan mejor justicia que los jueces”, confrontando esta reflexión con que el hecho de defender que para algo debe haber servido a jueces y magistrados haber estudiado Derecho y haber acumulado años de experiencia profesional.

Llegado el turno de Daniel Varona Gómez, éste explicó que la democratización del Derecho Penal puede ser una mayor participación de la sociedad tanto en la génesis como en la aplicación.

“¿La participación de la sociedad en la justicia a través del jurado nos lleva a más o menos castigo?”. “En los casos en los que la mujer mata a un hombre tras agredirlas, los tribunales profesionales ven el dolo como arma y el jurado ve el dolo como un suceso global. La pregunta más difícil es ¿por qué el jurado es menos punitivo en estos casos que la Justicia Profesional?”, manifestó Varona, a lo que en el debate que se abrió tras su intervención dijo, como reflexión general, Fernando Miró: “Me preocupa mucho el penalista con datos. Eso no es ciencia”.

 

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“Cientismos”

En la segunda mesa redonda, “La ciencia de Derecho Penal”, el propio profesor Fernando Miró habló del Derecho Penal ante los “cientismos”. “¿Puede el Derecho Penal sin ninguna base científica resolver los problemas de ese derecho Penal?”, señaló.

Seguidamente, la profesora Myriam Herrera, de la Universidad de Sevilla, con su alocución que llevaba por título “Naturalismo punitivo y Derecho Penal: ¿festín democrático o fiesta caníbal? quien conjugó biología, selección natural, historia y criminología, incidió, entre otras ideas, en que el delincuente “se define por sus autoengaños, trasgrede las normas que él considera positivo, que valora”.

 

Tras las enriquecedoras aportaciones de Miró y Herrera, se entró en la tercera y última mesa del primer día: “Exclusión y responsabilidad penal”. Los profesores Javier Cigüela (Universidad Abad Oliva, CEU) y José Luis Martí (Universidad Pompeu Fabra) nos ilustraron en una sesión moderada por José Ramón Agustina (Universidad Internacional de Cataluña). Cigüela optó por el tema de la exclusión social y legitimidad política del castigo, mientras que Martí tocó el asunto de los derechos políticos de los presos y el hecho de que la mayoría de los estudios se hayan centrado en su derecho al sufragio.

 

 

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¿Estadísticas policiales?

Tras una tarde muy provechosa, el Seminario Internacional de Derecho Penal continuó el viernes 13 con Íñigo Ortiz de Urbina, de la Universidad Complutense de Madrid, y Mariona Llobet, de la Pompeu Fabra de Barcelona, en la cuarta mesa bajo el epígrafe “¿Evidencias empíricas o verdades por repetición?”.

Ortiz de Urbina nos ilustró con un gran número de datos y estadísticas y planteó la duda de si todas las cifras reflejan ciertamente la realidad, mientras que Llobet puso sobre la mesa la cuestión de si el 95% de la prostitución en España es forzada. A su juicio, más allá de ser una afirmación genérica, del llamado “boca a boca”, no existe ningún estudio científico riguroso, datos contrastados que lo certifiquen.

“El estrés postraumático es peor en la prostitución que en la guerra de Vietnam”, dijo, según un trabajo que cita la UE de 2014 y que sirve de base abolicionista para varios países. “Las cifras se basan exclusivamente en estimaciones”, remarcó Llobet

La quinta y última mesa que puso punto y final al Seminario Internacional de Derecho Internacional “Entre lo empírico y lo normativo”, y que se denominó “Las tendencias del crimen y su relación con la legislación”, tuvo como protagonistas a los profesores Marcelo Aebi (Universidad de Lausanne), Antonia Linde (Universitat Oberta de Catalunya) y Stefano Caneppele (Universidad de Lausanne). Nuestra investigadora de CRÍMINA, Elena B. Fernández, ejerció de moderadora. Aebi habló de los orígenes de “crime trends”, Linde de la poca fiabilidad de las estadísticas y Caneppele acerca de por qué, y utilizando una llamativa presentación basada en pack man, las estadísticas no son un éxito.

Un seminario en definitiva con ponentes de primerísimo nivel que propiciaron un intercambio de ideas y opiniones muy enriquecedor.

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Moneva: “El cibercrimen está en auge” (y 2)

Asier Moneva investigador Centro CRÍMINA

 

 

Por Redacción CRÍMINA

No nos habíamos olvidado. Lo teníamos pendiente: aquí está segunda parte de la entrevista a nuestro investigador Asier Moneva, que se encuentra en los últimos meses desplazado a Ámsterdam con motivo de una estancia científica. En esta segunda parte de la entrevista podemos conocer un poco mejor a este científico, su interés por el cibercrimen y, de paso, al propio Centro CRÍMINA.

¿Cómo aterriza usted en el Centro CRÍMINA?

Tras cursar el Grado en Criminología en la Universidad de Salamanca, estuve buscado distintas opciones para estudiar una titulación oficial de máster que me permitiera especializarme en una rama práctica de la disciplina. Tanto el Máster en Intervención Criminológica y Victimológica como el Máster en Análisis y Prevención del Crimen me parecieron interesantes, pero este último ofrecía un plan de estudios moderno con un profesorado magnífico, así que me decidí por esta opción. Como la modalidad del Máster es online y yo quería tener contacto más directo con el profesorado, me puse en contacto con el Centro de Investigación CRÍMINA para explorar la posibilidad de hacer prácticas presenciales mientras estudiaba el máster. Mi petición fue positivamente evaluada y poco después me desplacé a Elche para comenzar esta nueva etapa.

 

¿Qué tipo de trabajo realiza usted aquí?

Actualmente soy Personal Investigador en Formación (FPU16/01671), una categoría profesional predoctoral enfocada a realizar tareas de investigación e impartir docencia en titulaciones oficiales de grado. Los FPU recibimos una ayuda competitiva del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a través de nuestro centro de adscripción -en este caso la Universidad Miguel Hernández- para desarrollar nuestra tesis doctoral en un plazo máximo de cuatro años. Además de la tesis doctoral y la docencia asignada, tengo la oportunidad de participar en otras investigaciones del centro de muy diversas temáticas, en la elaboración de propuestas de proyectos, y en otras actividades de comunicación y diseminación de nuestra actividad científica.

 “La investigación que se hace en CRÍMINA se concibe con una vocación eminentemente aplicada”

 

 

Sus investigaciones están muy pegadas a la realidad actual y tienen una aplicación práctica muy interesante…

Es una de las principales señas de identidad de la investigación que se hace en CRÍMINA, que se concibe con una vocación eminentemente aplicada y que por supuesto mi línea personal, y la de Fernando Miró, gira en torno al cibercrimen, lo que siempre resulta ser un tema de actualidad. La cibercriminalidad está en auge, surgen nuevas formas de cometer delitos conforme avanzan las tecnologías y la investigación en ese campo necesita desarrollarse tan rápido conforme lo hacen las oportunidades criminales.

 

¿Cómo ha evolucionado CRÍMINA en los últimos años?

Ha cambiado, pero no ha cambiado. Sigue siendo un centro relativamente pequeño que tiene una gran ambición, que apuesta por el talento de los más jóvenes, da muchas oportunidades. Siempre contamos con alumnos en prácticas y damos a la gente de los másteres la oportunidad de que colaboren con nosotros cuando realizan el trabajo fin de máster. Nosotros siempre estamos muy pendientes de cómo avanzan. Y ha cambiado en el sentido de que antes estaba más orientado tal vez hacia la formación y ahora estamos tratando de centrarnos más en la excelencia en materia de investigación. También ha coincidido que, por suerte, la financiación a través de proyectos de investigación ha sido generosa y numerosa, lo que nos ha permitido centrarnos en este aspecto de nuestro trabajo. CRÍMINA fue concebido como un centro de formación e investigación y ahora, sin olvidar la parte de la formación, estamos más orientados hacia investigación. De todas formas, desde que yo llegué se ha seguido aumentando la oferta formativa, se ha mantenido la plantilla de investigadores y CRÍMINA se ha consolidado como centro de investigación de la Universidad Miguel Hernández. También tuvo el rol fundamental a la hora de poder crear el Grado en Seguridad Pública y Privada en el que son docentes todos o casi todos los miembros del Centro CRÍMINA

 

 

“Surgen nuevas formas de cometer delitos conforme avanza la tecnología”

 

 

¿Qué le supuso haber sido galardonado con el Premio Nacional al Investigador Novel 2018 en Criminología por la Sociedad Española de Investigación Criminológica (SEIC)?

Supuso un gran honor que la Sociedad Española de Criminología reconociera mi trabajo de investigación y que gané ex aequo con otro compañero de la Autónoma de Barcelona. Y bueno, especialmente contento porque ese trabajo luego evolucionó en lo que luego fue uno de los artículos que se publicaron en la prestigiosa revista Crime Science y que forma parte de mi tesis doctoral en la que trato de aplicar las teorías de la criminología ambiental para prevenir el cibercrimen, y del que estoy muy orgulloso también porque su evolución ha servido para formarme en mi camino de doctor.

 

(Aquí puedes ver la primera parte de la entrevista a Asier Moneva publicada el pasado 30 de octubre)

¿Prisión permanente revisable si fueras tú la persona acusada?

Prisión permanente revisable Crímina

 

Por Redacción CRÍMINA

Desde hace unos pocos años el debate en España sobre la prisión permanente revisable está encima de la mesa. Sobre todo cuando vuelven a surgir casos mediáticos en el que la persona juzgada se puede ver abocada a ella, todo ello en medio de una gran presión social.

En el trabajo de  investigación realizado por Ana B. Gómez Belvis y Carlos E. Faces Delgado y publicado este año en la Revista Electrónica de Criminología se partía de la hipótesis de que, ante la misma información sobre un delito  específico, la perspectiva de procesamiento afectaría  a  la  expresión  de  las  actitudes  punitivas, reflejando  cambios  en  el  apoyo  a  la  prisión permanente revisable (PPR).

Más concretamente, los participantes expuestos al  caso-escenario desde  la  perspectiva  del  actor, en comparación con aquellos expuestos al mismo desde la perspectiva del  observador, elegirían penas menores, serían menos retributivos y mostrarían menor apoyo a la PPR para  un  supuesto  de  asesinato  múltiple.

De acuerdo con este planteamiento se ha observado en el estudio de los dos autores señalados que, en primer lugar, más del 60% de la muestra que juzga la comisión del delito por parte de una tercera persona entiende que las penas máximas y justas son las de 25 o 30 años de prisión. En el caso de los participantes que optaban por una opción de PPR lo hacían con respecto a aquella cuya primera revisión se produce a los 15 años de cumplimiento.

Sin embargo, ante el mismo caso-escenario, pero siendo los participantes los protagonistas de éste, es decir, los acusados del delito, se ha observado cómo la preferencia por la PPR  se vuelve casi  anecdótica. Esto es, si los participantes se evalúan a ellos mismos como acusados de un delito grave, en su amplia mayoría (un 84%) prefieren que la pena máxima a cumplir sea de 25 años.

 

No son un fenómeno inmutable

En este punto los científicos señalan que a los sujetos  del grupo-actor  no  se  les  preguntaba  por  la  sanción  que  les resultara  más  conveniente,  sino  que  eligieran  aquella que a su juicio fuera considerada la justa en atención al hecho cometido.  Estos resultados sugieren que las preferencias hacia el castigo sobre delitos graves no son un fenómeno inmutable, sino que podría verse influido por  la  perspectiva  desde  la  que  se  presenta  la información  para realizar  el juicio,  tal  y  como  indica para otro tipo de juicios la literatura en el ámbito de la Psicología Social.

Por otro lado, podría objetarse que, en realidad, el menor punitivismo mostrado entre los casos escenarios en este estudio se debe a  que  el  supuesto planteado  presentaba  una  situación de  acusación, no teniendo los sujetos la certeza de la comisión del delito. Sin embargo, en una replicación del presente diseño de investigación llevada a cabo por Fernando Miró Llinares en la que presentaba el mismo caso-escenario, pero dando a los participantes la certeza  de  que  la  persona  había cometido el delito, los resultados muestran que el efecto de la manipulación de la perspectiva de procesamiento de la información (presentada en primera persona o en tercera) sigue produciendo diferencias estadísticamente significativas. En relación con la cuestión de por qué o para qué se castiga, es decir, la función  que  atribuyen  los participantes a  la  pena, se  ha  podido comprobar  que ambos grupos evaluados muestran que la función es la propia de la retribución, si bien no se renuncia a que tenga  alcance  preventivo, según este estudio.

Asimismo, y en menor medida, se  entiende que  la pena  tiene que  tener una función incapacitadora o inocuizadora del delincuente. Estos resultados son convergentes con los conocidos estudios  llevados  a  cabo  por  Carlsmith,  Darley  & Robinson (2002) en  los  cuales  los  participantes mostraban que las razones para el castigo estaban más relacionadas con el merecimiento, aunque sin renunciar a razones de disuasión.

En definitiva, de conformidad  con  los  resultados  aportados  por  la investigación sobre las razones por las que se castiga a una determinada persona, cobra especial protagonismo el  merecimiento  como  forma  de  hacer  justicia (Carlsmith, 200831; Tyler, 2009).  En este sentido, el  hecho de  que  los resultados de ese estudio sean consistentes con la literatura sobre la función de la pena, pone de manifiesto la relevancia de las  diferencias  encontradas  entre  las  dos condiciones experimentales  en  cuanto  al  carácter  retributivo  que debe revestir la misma, según indican los autores.

Finalmente, y de acuerdo con lo esperado, el apoyo a la PPR también se ve modulado por la exposición de los participantes  al  escenario  en  el  que  son protagonistas u observadores. “Cabe destacar que, desde un punto de vista puramente lógico, no debería haber conexión entre el hecho de haber realizado una tarea consistente en imaginar un  escenario  hipotético  sin ninguna implicación de facto y las opiniones sobre una consecuencia  jurídica que,  como la  PPR, tiene  efectos reales  sobre  la  sociedad”, afirman los investigadores.

Si  bien  es  posible  que  en  el contexto de un “juego”, por conveniencia o por interés se  pueda  elegir  la  opción  menos  dañina  para  uno mismo,  dicha  respuesta  no  debería  afectar  a  una opinión o actitud frente al castigo de delitos graves que suceden  en  la  realidad.  Sin embargo,  los resultados de este estudio indican que el grupo que fue expuesto a la condición  de protagonista  del  caso-escenario no sólo mostró una tendencia de elección menos lesiva para ese supuesto en  concreto,  sino  que  dicha  tendencia  se  trasladó a los razonamientos de cuál es la función que debería cumplir la pena y el respaldo a una medida real y objeto de debate en la sociedad como es la PPR.

 

 

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¿Qué opina la sociedad española de la prisión permanente revisable?

Los resultados de este estudio no pueden tomarse como un diagnóstico sobre cuál  es la  opinión  de  la sociedad española acerca de la PPR, ya que éste no era el objetivo que se pretendía alcanzar.  Sin embargo, lo que sí plantean es  la  necesidad de considerar  los factores que pueden estar condicionando la valoración que realiza la ciudadanía sobre el castigo más adecuado para  determinados  crímenes.  De hecho, una  lectura crítica de estos resultados podría llegar a cuestionar la consideración  misma  de  la  opinión  ciudadana  como fuente  para la  toma  de decisiones  político-criminales (Silva  Sánchez,  2018;  Herrera  Moreno,  2018).

No obstante, la democratización de las leyes  penales nos interpela a conocer a la sociedad y sus intuiciones, en la medida  en  que  los  ciudadanos  se  tienen  que  ver obligados a respetar un Derecho penal que en el marco de  un  Estado  Social  y  Democrático de  Derecho es  el suyo propio. Además, frente al temor de las posibles consecuencias  que  la  toma  en  consideración  de  la ciudadanía pueda tener para el respeto a las garantías básicas de  nuestro  Derecho penal,  hemos de  recordar que en épocas pasadas fueron las propias percepciones de  injusticia  de  la  sociedad  las  que provocaron  la derogación de penas como la cadena perpetua por ser considerada  injusta  e  inhumana (Gargallo  &  Oliver, 2016).

 

Principio de humanidad

De  acuerdo con  lo expuesto  anteriormente, y  sin negar  que  la  motivación  principal  que  se  encuentra detrás  de  la pena  que  se  considera  justa  sería  la  del merecimiento,  tal  y como  se  ha mostrado de  manera reiterada  en  la  literatura  y  se  refleja  incluso  en  este mismo  estudio,  es  cierto  que  una  modificación  tan pequeña como la mostrada en este experimento podría facilitar  la  consideración  de  otros  principios  que informan al sistema de justicia penal y que también son considerados importantes por la sociedad: tales como el principio  de  humanidad  de  las  penas, proporcionalidad, legalidad, culpabilidad, entre otros.

En este sentido, los resultados de este estudio sugieren un horizonte esperanzador sobre  la utilización  de las intuiciones  de  justicia  de  la  comunidad,  ya  que  las mismas no están sujetas a un único escenario o a  una sola pregunta. Cuando se introduce este matiz se puede apreciar que lo que se denomina “opinión pública” no está solamente sujeta a cuestiones  punitivas, sino que también puede ser sensible a otros aspectos igualmente importantes como son las garantías básicas de las que cada uno de los sujetos quisieran gozar cuando fueran objetos del sistema penal (Miró-Llinares, 2019).

Al igual que  se  ha  observado  cuando  se  han  estudiado  las actitudes  punitivas  con  delitos  de  menor  gravedad, donde  los  ciudadanos  daban  soluciones  menos punitivas  que  los  propios  jueces (Varona,  2008; Adriaenssen & Aertsen, 2015), en el caso de los delitos más graves, como  los sujetos a  PPR, la consideración detallada de  cuál es  la opinión de  la sociedad debería tener  en  cuenta  que  estas  intuiciones  no  solamente estarían condicionadas por el carácter punitivista.

 

 

Prisión permanente revisable

Novedad

En cualquier caso, la principal limitación de este trabajo tiene que ver con  su  novedad,  ya  que  es  el  primero  en  el  que  se analiza  si  la  exposición  a  un  determinado  contexto imaginado hace  variar creencias que  a priori no serían maleables, como las actitudes hacia el castigo de delitos  graves.  Por  este  motivo, apuntan los autores,  es  especialmente importante  el  desarrollo  de  nuevos  estudios  que permitan  replicar los  resultados  encontrados  en  esta investigación.

Por  ejemplo,  para ambos investigadores sería importante  tener en consideración el efecto de variables como el género o el posicionamiento político pueden tener en la valoración de  la  información  como  protagonista  vs observador. Asimismo, otros factores como el estado emocional de los participantes deberían ser tenidas en cuenta, ya que muchos de estos estudios que se toman como referencia se  realizan  en  un  ambiente  que  podría favorecer  un estado emocional de indignación (Varona, 2011). Otros factores como la  certeza de la  comisión del delito  o el tipo de delito cometido pueden también tener un efecto en  la expresión  del  apoyo a  penas  más severas.   En definitiva, aunque se han cumplido pocos años desde la entrada en vigor de la PPR, en ese artículo se sugiere que todavía  queda  mucho  por  conocer  sobre  el  principal motivo aludido por el legislador para  su  introducción en nuestro sistema de justicia penal.