Categoría: Crimina

10 cosas que debes saber sobre Criminología ambiental, por Asier Moneva

Asier Moneva es Personal Investigador en Formación (FPU) en el Centro CRÍMINA y su especialidad es la Criminología ambiental y el análisis delictivo. En esta entrada presenta 10 cosas que debes saber sobre Criminología ambiental, un enfoque que estudia el crimen como un evento resultado de las oportunidades criminales que se dan en un contexto específico.

1. El mito del hombre delincuente

Según Felson, cuando se estudia un fenómeno tan complejo como el crimen, no tiene sentido -desde ningún enfoque- tratar de identificar al delincuente con una mala persona, con alguien irracional, mientras se ignoran otros aspectos esenciales como dónde se encuentra el resto de la gente, qué está haciendo, con quién se relaciona, en qué lugares se localizan sus propiedades y, teniendo en cuenta todo lo anterior, si su victimización es posible.

2. La virtud del alcance medio

A diferencia de las grandes teorías del crimen, que plantean enfoques macro para su interpretación, la criminología ambiental no pretende explicar el fenómeno criminal en toda su complejidad, sino estudiarlo como un evento e intervenir en el ambiente donde ocurre implantando soluciones específicas para problemas concretos en lugar de sugerir grandes cambios sociales. Menos es más.

3. La ciencia del análisis delictivo

Desde el enfoque ambiental, los investigadores convierten el análisis del crimen en algo más físico y tangible, en ciencia, cuando delimitan el alcance de su estudio a un determinado fenómeno que sí pueden conocer, permitiendo desarrollar estrategias de reducción del crimen factibles al unir la especificidad de los distintos cuerpos teóricos de alcance medio con la validez de la investigación empírica.

4. El nacimiento de un enfoque necesario

El paradigma ambiental surge en Europa en el siglo XIX y alcanza su apogeo con los estudios ecológicos de los barrios dirigidos por los académicos que integraban la denominada Escuela de Chicago en la primera mitad del siglo XX. Es a partir de los años 80 cuando se comienza a estudiar el crimen desde una perspectiva espacial en Canadá, Europa y Estados Unidos. En la actualidad es un enfoque adoptado internacionalmente.

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5. Tres pilares fundamentales

Los principales cuerpos teóricos que dan forma al enfoque ambiental de la criminología son: el Enfoque de las Actividades Cotidianas de Cohen y Felson (1979), que constata la vinculación de la actividad delictiva con su contexto situacional; la Teoría del Patrón delictivo de Brantingham y Brantingham (1981), que explica la influencia del entorno en el comportamiento espacial de las personas y, por tanto, en el crimen; y la perspectiva de la Elección Racional de Cornish y Clarke (1986), que alude a una estimación del coste y beneficio derivados de las decisiones que toman los infractores.

6. El contexto: Actividades Cotidianas (Cohen y Felson, 1979)

Aunque mucha gente lo desconoce, las Actividades Cotidianas plantean un enfoque doble. El primero, de carácter macro, se construye sobre la idea de que los cambios sociales y tecnológicos provocan que cada vez más gente contacte con personas desconocidas y hogares vacíos, por un lado, y que aparezcan una serie de bienes de consumo con gran valor económico y facilidad de transporte por el otro. A nivel micro explican que el crimen tiene lugar cuando convergen, en un mismo espacio y tiempo, un delincuente motivado y un objetivo adecuado en ausencia de un guardián capaz.

7. El entorno: Patrón Delictivo (Brantingham y Brantingham, 1981)

Puesto que los delincuentes muestran patrones de desplazamiento similares al resto de la población, el Patrón Delictivo plantea que la oportunidad criminal se genera en aquellos lugares donde ambos coinciden, normalmente cerca de la residencia del infractor. Además, existen lugares que facilitan esta convergencia: los generadores del delito -zonas donde coinciden un gran número de personas- y los atractores del delito -zonas donde existen oportunidades para delinquir- (Brantingham y Brantingham, 1995).

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8. La racionalidad: Elección Racional (Cornish y Clarke, 1986)

Desde su origen, la Elección Racional se ha construido sobre la concepción del delito como resultado de una motivación criminal estable que responde a una suerte de cálculo donde se valoran los riesgos que asume el delincuente, por un lado, y las oportunidades y beneficios que puede obtener por otro. Este planteamiento evoluciona a una segunda etapa gracias a los aportes de Richard Wortley (2001), quien añade las emociones a la fórmula anterior al entender que también son relevantes y se pueden racionalizar.

9. Un ámbito de oportunidad distinto

Pese a las diferencias estructurales que presenta el ciberespacio respecto al espacio físico, tanto intrínsecas -i. e.: contracción de espacio y tiempo- como extrínsecas -p. e.: transnacionalidad, anonimato, etc.-, las premisas ambientales clásicas sobre las que se fundamenta el análisis de la oportunidad criminal también son válidas en plano digital (Miró-Llinares, 2011). Además, en el ciberespacio también existen distintos lugares con características diferentes que se pueden clasificar según las posibilidades de interacción que ofrecen (Miró-Llinares y Johnson, 2018).

10. Las críticas

El ambiental es un paradigma que no está exento de críticas, dirigidas tanto a su eficacia y legitimidad como al desplazamiento del delito. Respecto a esto último, no existen evidencias que sugieran que las medidas preventivas pierdan su efecto; sin embargo, sus beneficios sí se difunden. Por su parte, las cuestiones éticas subrayan la falta de consideración del enfoque por los problemas causados por la estructura social y por considerar a los delincuentes seres racionales. Además, se dice que diluye la responsabilidad del Estado al compartirla con el sector privado e implementar medidas un tanto intrusivas.

¿Qué debo leer para conocer más sobre el tema?

Brantingham, P. L., y Brantingham, P. J. (1981). Notes on the geometry of crime. En P. L.

Brantingham y P. J. Brantingham (Eds.), Environmental criminology (pp. 27-54). Beverly Hills, CA: Sage Publications.

Brantingham, P. L., y Brantingham, P. J. (1995). Criminality of place. Crime generators and crime attractors. European Journal on Criminal Policy and Research, 3(3), 5-26.

Clarke R. V., y Cornish D. B. (1986). The Reasoning Criminal: Rational Choice Perspectives on Offending. New York, NY: Springer-Verlag.

Cohen, L. E., y Felson, M. (1979). Social change and crime rate trends: A routine activity approach. American Sociological Review, 44, 588-608.

Eck, J. E. (1994). Drug markets and drug places: a case-control study of the spatial structure of illicit drug dealing. Tesis Doctoral, University of Maryland, College Park.

Miró-Llinares, F. (2011). La oportunidad criminal en el ciberespacio. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 13(7), 1-55.

Miró-Llinares, F., & Johnson, S. D. (2018). Cybercrime and Place: Applying Environmental Criminology to Crimes in Cyberspace. In G. J. N. Bruinsma and S. D. Johnson (Eds.), The Oxford Handbook of Environmental Criminology (pp. 883-906). Oxford, UK: Oxford University Press.

Wortley, R. (2001). A classification of techniques for controlling situational precipitators of crime. Security Journal, 14(4), 63-82.

David Buil: “La seguridad de la zona, relacionada con un bajo nivel de delincuencia, es uno de los factores más importantes para atraer turistas a la Costa Blanca”

David Buil es investigador predoctoral de la Universidad de Manchester y colaborador del Centro CRÍMINA. Se graduó en Criminología por la Universidad Autónoma de Barcelona y cursó el máster en Análisis y Prevención del Crimen por la Universidad Miguel Hernández.

Actualmente, está realizando su tesis doctoral en el Centro para la Criminología y la Justicia Penal de la Universidad de Manchester, donde también se desempeña como profesor ayudante. Sus investigaciones doctorales se basan en la aplicación de métodos de aproximación a pequeña escala para estudiar a nivel territorial el sentimiento ciudadano hacia el crimen a nivel local. Además, es parte del equipo de la Cátedra Costa Blanca, Turismo Bienestar y Seguridad, que investiga la relación entre los tres conceptos.

¿Por qué es necesaria una aproximación criminológica al fenómeno del turismo?

Los turistas llevan a cabo un proceso racional antes de decidir el destino turístico que quieren visitar. Tanto a nivel macrogeográfico, a la hora de decidir países, como a nivel microgeográfico, al elegir ciudades, barrios y hoteles. En el momento en el que toman esta decisión tienen en cuenta, entre otras variables, si la zona es segura, si hay mucha delincuencia, si hay terrorismo, si hay riesgo de catástrofes naturales, inestabilidad política, etc. Eso tiene consecuencias a nivel económico en las diferentes zonas turísticas. El factor de la seguridad es importante. De hecho, uno de los factores más importantes, que conlleva que la gente no visite destinos turísticos como Oriente Medio o determinadas zonas de África, es la inestabilidad y el riesgo para la seguridad ciudadana.

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¿Influye la tasa de criminalidad en la elección de la Costa Blanca?

Observamos que uno de los factores más importantes para atraer turistas a la Costa Blanca es que es una zona segura, con poca delincuencia. Con todo, hay zonas en las que existe peor reputación que en otras. Por eso, en la Cátedra queremos analizar qué zonas tienen más reputación, qué zonas tienen menos, y cómo repercute en la llegada de más o menos turistas. Así como, los medios por los que se transmiten estas reputaciones, que ahora son, principalmente, canales online, foros de discusión, etc.

¿Qué tipo de herramientas se utilizan para medir la tasa de criminalidad?

En la Cátedra Costa Blanca, Turismo Bienestar y Seguridad, hasta ahora, hemos hecho una encuesta exploratoria con una muestra de 150 turistas internacionales, la mayoría británicos. Hemos podido extraer una serie de conclusiones muy preliminares sobre qué preocupa a los turistas cuando vienen aquí, el tipos de desórdenes que perciben como más comunes, de qué son víctimas más frecuentemente y qué tipo de conductas antisociales llevan a cabo con mayor frecuencia. Pero con una población de 150 personas, aunque hemos modificado los pesos muestrales para hacerla más representativa, no podemos sacar conclusiones. Por eso, queremos hacer una encuesta a pie de calle (la anterior es online) que nos permita sacar conclusiones más representativas. También queremos hacer estudios con datos abiertos online, big data, a través de tweets, de debates en tripadvisor, de foros en booking… para observar, no tanto conclusiones alternativas, sino los canales por los que se transmiten las opiniones respecto a la seguridad en la Costa Blanca y reflejarlo en el mapa. Básicamente, encuestas y datos abiertos.

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¿Cuáles son los delitos que más se repiten en las zonas turísticas?

No podemos sacar conclusiones todavía, pero hemos detectado dos. Sin embargo, no hablaría de delitos, hablaría de desórdenes o conductas antisociales que los turistas perciben como más comunes, pero no hay todavía una muestra suficiente para poder asegurarlo. Básicamente son ofrecimiento de drogas y fraudes de carácter económico.

¿Qué acciones se pueden llevar a cabo para fomentar la seguridad de los turistas?

Transparencia. Los turistas que vienen de Reino Unido están acostumbrados a un nivel de transparencia en los datos muy alto. En Reino Unido cuando vas a ir a una zona puedes googlear tu código postal y te aparece, inmediatamente, los delitos que se han cometido, el día de la semana y las características, y esto aquí, en España, no lo tenemos. La única información que tienen sobre delincuencia en una zona son los foros online, que puede ser engañosa o sesgada. Yo creo que es recomendable abrir más los datos y que puedan ver que no hay un problema de seguridad objetiva en la Costa Blanca ni en el resto de ciudades de España, por lo general. Así como, facilitar el acceso a los datos y quitarle relevancia a los debates online, que son comunes y tienen consecuencias, pero a veces no reflejan la realidad. Por tanto, hay que darles esa realidad para que no tengan que inventársela.

El centro CRÍMINA convoca el II premio CRIMINA al Mejor TFM en el marco de investigación de la Clínica Jurídica

El centro Crímina para el estudio y prevención de la delincuencia de la Universidad Miguel Hernández convoca el II premio CRIMINA al Mejor Trabajo Fin de Máster (TFM) realizado en el marco de investigación de la Clínica Jurídica UMH.

El objetivo de este premio es promover la elaboración de trabajos de calidad y de compromiso social, contribuyendo de ese modo a la sensibilización de los estudiantes hacia las necesidades de colectivos desfavorecidos al mismo tiempo que se estudian casos reales y se aportan soluciones.

Sólo podrán optar al premio, dotado con 500€, aquellos trabajos que cumplan los siguientes requisitos:

  1. a) Haber sido elaborados por estudiantes que estén cursando el máster en Intervención Criminológica y Victimológica o el máster en Análisis y Prevención del Crimen.
  2. b) Podrán optar todos los trabajos que versen sobre cualquier cuestión incardinada en las diferentes líneas de investigación de la Clínica Jurídica de la UMH (http://clinicajuridica.edu.umh.es/investigacion/) tratadas desde una perspectiva criminológica o jurídico‐penal.
  3. c) Que el TFM haya obtenido al menos la calificación de 8,5 sobre 10.

El Jurado tendrá en cuenta los siguientes criterios:

  1. a) Originalidad y carácter innovador del trabajo.
  2. b) Rigor y calidad científica.
  3. c) Utilidad práctica del trabajo para resolver cuestiones criminológicas o jurídico‐penales con objetivos solidarios desde el compromiso con la justicia social.

Si quieres participar, envía tu proyecto a fj.castro@crimina.es. El plazo de presentación de trabajos finaliza el próximo 31 de octubre.

Puedes ver las bases del concurso aquí.

El Centro CRÍMINA organiza las Jornadas de Bienvenida “Seguridad pública y privada, ampliando horizontes”

El pasado martes, 2 de octubre, el Centro CRÍMINA organizó las Jornadas de Bienvenida “Seguridad pública y privada, ampliando horizontes”, en las que se presentaron los títulos oficiales del centro: máster en Intervención Criminológica y Victimológica, máster en Análisis y Prevención del Crimen y grado en Seguridad Pública y Privada.

Las jornadas dieron comienzo con la presentación por parte de Fernando Miró, director de CRÍMINA, de la conferencia inaugural “Predicción policial de violencia doméstica” a cargo de Juanjo Medina, catedrático de Criminología Cuantitativa de la Universidad de Manchester. Medina destacó que uno de los problemas en la valoración de riesgo es que, tradicionalmente, se ha enfatizado de forma excesiva en la predicción y destacó que se ha tener en cuenta, también, la valoración del daño previo y de aquel que es menos visible. El catedrático afirmó que siempre que se toman decisiones sobre la base de un riesgo futuro, hay falsos positivos y falsos negativos dependiendo de la información y los criterios que se utilicen. 

La sesión de mañana continuó con la mesa “Alcance y utilidad de una aproximación criminológica al fenómeno del turismo”, de la mano de Fco. Javier Castro investigador de CRÍMINA y David Buil, investigador predoctoral de la Universidad de Manchester e investigador colaborador de CRÍMINA. Castro presentó los resultados preliminares de un estudio sobre experiencias turísticas seguras, cuyos objetivos principales son: conocer la prevalencia de las diferentes formas de victimización, evaluar la percepción de seguridad de los turistas y identificar hábitos y rutinas de la conducta antisocial. Castro concluyó que el 95% de los turistas volverían a visitar la provincia de Alicante o la recomendarían, ya que la seguridad de la provincia se encuentra entre los principales motivos de los turistas para visitarla. Por su parte, Buil señaló que los turistas cuando deciden sus destinos vacacionales tienen en cuenta la seguridad del país, a lo que añadió que es necesario contextualizar el estudio del turismo y la seguridad en los micro lugares.

La última mesa de la mañana fue “Criminología ambiental y análisis geográfico del delito” de José E. Medina Sarmiento y Asier Moneva, investigadores de CRÍMINA. Medina Sarmiento presentó Riskment, una nueva metodología analítica para el mapeo de delitos en vías urbanas y afirmó que a través del análisis de datos se establecen y distribuyen mejor los recursos de los cuerpos de seguridad para prevenir el delito. En cuanto a Moneva, presentó API, un índice para cuantificar el grado de exposición de los usuarios online, cuyo objetivo es tratar de demostrar si el anonimato tiene influencia en la realización de conductas desviadas en el ciberespacio.

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La sesión de tarde comenzó con las presentaciones de Trabajos Fin de Máster del máster en Intervención Criminológica y Victimológica y el máster en Análisis y Prevención del Crimen 2017-2018. Ana Páez presentó su TFM que consiste en una “Propuesta de creación de la herramienta de valoración del riesgo VPPA: Violencia contra la Pareja en Población Adolescente”. Por su parte, Javier Valero habló de su trabajo “Análisis de la siniestralidad vial en el municipio de Elda (Alicante), durante los años 2016-2017” y Francisco Coloma mostró su TFM “Derecho de corrección de los padres sobre sus hijos: una aproximación al juicio de la población general”.

Las Jornadas de Bienvenida finalizaron con el IV Encuentro de Analistas Delictivos y la mesa marco “Gestión de datos para el análisis delictivo con Sistemas de Información Geográfica”. El Subinspector Jefe de la unidad de análisis de la Policía Local de Alcobendas, Juan Ramón Navarro, señaló que trabajar los datos ahorra tiempo y aporta calidad al análisis. Por su parte, el profesor del máster en Análisis y Prevención del Crimen Fernando Llorens explicó que  “Un sistema de información geográfica es un conjunto de elementos orientados a tratar y administrar los datos y la información, organizados para su uso posterior.

Con estas jornadas, el Centro CRÍMINA para el estudio y prevención de la delincuencia da por inaugurado el nuevo curso académico.

Análisis del Perfil Geográfico: Crimen y Seguridad

El pasado mes de julio, el investigador del Centro CRÍMINA para el estudio y prevención de la delincuencia, Asier Moneva, asistió en Londres al curso “Geographic Profiling Analysis: Crime and Security”. Este programa certificado de dos semanas de duración está organizado por el Jill Dando Institute of Security and Crime Science (JDI) del University College of London (UCL), uno de los centros de investigación criminológica más prestigiosos y vanguardistas del mundo, con la colaboración de la National Crime Agency (NCA) de Reino Unido. El curso proporciona a sus alumnos los conocimientos y habilidades necesarias para elaborar e interpretar perfiles geográficos de una forma adecuada para realizar recomendaciones prácticas en materia de investigación policial, capacitando a quienes lo completan de forma satisfactoria como analistas de perfiles geográficos.

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El Perfil Geográfico es una técnica de investigación que se basa en la geolocalización de una serie de crímenes relacionados entre sí para estimar la ubicación de los principales puntos de anclaje del delincuente que los ha cometido. Autores como David Canter o Kim Rossmo han desarrollado distintas técnicas de análisis del perfil geográfico, siendo los aportes de este último los que sirven como referencia principal durante el curso.

El curso está estructurado en dos bloques con metodologías docentes distintas que se corresponden con las dos semanas de clases. Durante la primera semana, el alumno asiste a sesiones teóricas alternadas con ejercicios prácticos, talleres grupales y un trabajo de campo. La segunda semana se imparte en una sala de informática donde los alumnos practican la técnica del perfil geográfico sobre la base de los conocimientos adquiridos en la primera semana mediante la utilización de distintos softwares como CrimeStat y, principalmente, Rigel Analysit, el software que aplica la técnica de Rossmo. En todos los ejercicios el alumno tiene la oportunidad de trabajar con datos de casos reales.

La coordinación del curso corre a cargo del Prof. Dr. Spencer Chainey, Investigador Principal Asociado del JDI UCL, quien imparte la docencia junto a Colin Johnson, Perfilador Geográfico Profesional de la NCA.


Enlaces
UCL: https://www.ucl.ac.uk/
JDI: http://www.ucl.ac.uk/jill-dando-institute
Curso: http://www.ucl.ac.uk/lifelearning/courses/geographic-profiling-analysis-crime-security
Twitter
Asier Moneva: https://twitter.com/crimoneva
Spencer Chainey: https://twitter.com/spencerchainey
UCL Crime Science: https://twitter.com/UCLCrimeScience

Biometría emocional, realidad virtual, big data y miedo al crimen

El pasado 20 de julio, el investigador y docente del centro CRÍMINA para el estudio y prevención de la delincuencia, Francisco Javier Castro Toledo, defendió su tesis doctoral titulada “Miedo al crimen en la era tecnológica: nuevos horizontes metodológicos, nuevo alcance ontológico” y dirigida por el director de CRIMINA, el Prof. Dr. Fernando Miró Llinares.

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Según el autor de la tesis:

Tras más de medio siglo, la investigación criminológica ha mostrado un creciente interés por el análisis del miedo al crimen. Desde su definición hasta la perfilación de sus dimensiones, pasando por la detección de fenómenos asociados o el establecimiento de las metodologías más apropiadas para su medición, lo que realmente sea el miedo al crimen ha resistido cualquier intento de reducción, conceptualización u operativización de amplio consenso, lo que ha dado como resultado su. actual indefinición, la enorme dificultad para su medición científica y su naturaleza poliédrica. Desde la toma en consideración de esta triple caracterización, esta tesis doctoral analiza cómo la crisis del miedo al crimen, en tanto que constructo criminológico, no es tanto una crisis ontológica como una crisis metodológica con alcance ontológico. Por ello, frente a las estrategias tradicionales de investigación centradas en medidas autoinformadas, en la actualidad, se nos presentan excelentes oportunidades para mejorar nuestra comprensión de la naturaleza de este fenómeno a la luz de las metodologías de aproximación a las emocionales que ofrecen las nuevas tecnologías. En este sentido, esta tesis doctoral presenta cuatro estudios empíricos basados en la recogida de indicadores emocionales en tiempo real que muestran la enorme utilidad que tienen para la investigación del miedo al crimen la biometría emocional en los modelos de investigación UX, la simulación de experiencias de victimización y cibervictimización a través de realidad virtual o los análisis de contenido emocional en redes sociales online a través de técnicas de Big Data.

Asimismo, esta tesis doctoral contó con la presencia de un tribunal compuesto por el Prof. Dr. Marcelo Aebi (University of Lausanne), el Dr. César San Juan (Universidad del País Vasco), la Dra. Anabel Cerezo (Universidad de Málaga), el Dr. Alfonso Serrano (UNED) y la Dra. Esther Fernandez Molina (Universidad Castilla-La Mancha).


Esta tesis doctoral ha recibido el apoyo del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) en el marco de las “Ayudas para la excelencia de los equipos de investigación avanzada en ciberseguridad” (ref. INCIBEI-2015-02480).

Derecho Penal experimental en las V Jornadas de profesores de Derecho penal de las Universidad Públicas Valencianas y Balear

El pasado 23 de marzo, Ana Belén Gómez, investigadora del centro CRÍMINA para el estudio y prevención de la delincuencia, participó en las V Jornadas de profesores de Derecho penal de las Universidad Públicas Valencianas y Balear, celebradas en el Edificio Sa Riera de la Universitat de les Illes Balears. Contando con la participación de especialistas del máximo nivel, en su quinta edición, estas jornadas ya se han consolidado como una de las citas para el Derecho penal más importante, ya no sólo de las comunidades Valencianas y Balear, sino a nivel nacional.

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La investigadora de CRÍMINA presentó los resultados de un reciente estudio experimental que ha desarrollo junto al Dr. Fernando Miró Llinares en el seno del proyecto nacional NEXO acerca de uno de los debates emergentes en Derecho penal sobre si el sistema penal debe integrar las intuiciones de justicia de la comunidad. Con el sugerente título “¿Tenemos los juristas un acceso privilegiado al sentido de la justicia?”,  y con una muestra de 659 participantes, el objetivo de este estudio ha sido, por un lado, analizar diferentes intuiciones de justicia relativas a las distintas tentativas y la consumación de homicidio, así como evaluar si la formación en derecho modula estas intuiciones. Los resultados que han recogido indican que los participantes legos gradúan tanto la responsabilidad penal como la sanción formal de manera no aleatoria y que los conocimientos especiales en Derecho no tienen relevancia en la distribución intuitiva de estas variables.

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Ciberdelitos, protección de la propiedad intelectual y cumplimiento normativo

Hoy, el Dr. Fernando Miró Llinares, director del centro CRIMINA para el estudio y prevención de la delincuencia de la UMH dará la conferencia inaugural de las jornadas Los ciberdelitos y la protección de la propiedad intelectual, donde presentará los resultados de un reciente estudio empírico que ha desarrollado el equipo de CRÍMINA en materia de factores de cumplimiento de las normas de derechos autor.

Organizadas  en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos, hay que mencionar, además, que en estas jornadas participarán Mª Pilar Rodríguez, fiscal Adscrita al Fiscal Coordinador de Sala de Criminalidad Informática; Ana Parés, abogada de ECIJA y doctora en Derecho Penal; César Zárate, abogado de ECIJA y el guardia civil, capitán David Casas de la Unidad Central Operativa.

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El proyecto CiberHache finaliza con la publicación de una monografía

El pasado mes de diciembre finalizó el proyecto CiberHache, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad (DER2014-53449-R), coordinado por el Centro CRÍMINA para el estudio y prevención de la delincuencia (UMH), y en el que más de una quincena de investigadores nacionales e internacionales del máximo nivel han estudiado la incitación a la violencia y discurso del odio en Internet, considerando el alcance real del fenómeno, tipologías, factores ambientales y límites de la intervención jurídica.

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Recientemente, la editorial Marcial Pons ha publicado la monografía colectiva Cometer delitos en 140 caracteres: el Derecho penal ante el odio y la radicalización en Internet, dirigida por el Dr. Fernando Miró Llinares, y cuya introducción reproducimos a continuación:

INTRODUCCIÓN: Cometer delitos con 140 caracteres 

 Al Derecho penal le ha costado sentirse cómodo con todo aquello que no tiene una base evidente de fisicidad. Siempre ha parecido más sencillo integrar en el sistema y afrontar el significado de conceptos como lesión, vida o persona física, que dispondrían de una referencia material que supuestamente delimitaría su alcance, frente a otros como voluntad, peligro, integridad moral o persona jurídica, sin aparente corporeidad que sirviese para acotar su sentido. Esto tiene mucho que ver con la singularidad metodológica de la dogmática jurídica y en particular con lo complicado que resulta caminar entre precipicios y no caer ni en un naturalismo irracional al, supuestamente, aceptar el método científico, ni en el idealismo metafísico al que nos acercamos al negar la posibilidad de conocer la realidad. A comenzar a superar el terror a ese monstruo con dos cabezas, pues tan peligrosa es la óntica simplista como la mera especulación transcendental, ayudó mucho la filosofía analítica, en particular la filosofía del lenguaje y más en concreto John Langshaw Austin con su obra póstuma “How to do things with words”, cuyas ideas fueron luego desarrolladas y ampliadas brillantemente por John Searle. Con su teoría de los actos de habla, luego aplicada al Derecho penal por autores españoles (Ruiz Antón, Polaino Navarrete y Polaino Orts), Austin y Searle pusieron de manifiesto que tan real es un hecho perpetrado con las manos como aquél realizado con palabras. Y es precisamente esa idea, actualizada a la supuesta inmaterialidad de lo que se ha venido en denominar ciberespacio, la que nos ha llevado a dar a esta obra, en la que reflexionamos sobre el papel del Derecho penal frente a las expresiones ofensivas y mensajes supuestamente “radicalizadores” y los límites constitucionales del mismo, el título “Cometer delitos con 140 caracteres”.

 Como es sabido, Internet en general, y las redes sociales en particular, desempeñan un importante papel de difusión de mensajes extremistas y de odio. Todo este contenido en forma de palabras, imágenes o vídeos, que ha sido relacionado tanto con los procesos de radicalización yihadista como con un supuesto incremento del odio en el ciberespacio, no sólo ha tenido gran repercusión sino que ha desembocado en una significativa preocupación social que podría estar relacionada tanto con algunas reformas penales y administrativas recientes, como con el incremento de procedimientos judiciales que enjuician la publicación de este tipo de mensajes en redes sociales.

 De la constatación de esa realidad nació, desde el Centro Crímina de la Universidad Miguel Hernández de Elche, pero con la implicación de grandes investigadores de otras universidades, el proyecto de investigación «Incitación a la violencia y discurso del odio en Internet. Alcance real del fenómeno, tipologías, factores ambientales y límites de la intervención jurídica frente al mismo», titulado con el acrónimo CiberHache. Como es sabido la hache, que es la primera letra de la palabra “hate”, es muda, y quisimos resaltar con ella nuestra preocupación tanto por la potencial proliferación en el ciberespacio de contenidos que niegan valores esenciales para la convivencia social, como por la tendencia consistente en pretender enmudecer, por medio del Derecho punitivo, dichas expresiones y mensajes por su supuesta potencial capacidad para causar daños o por su carácter ofensivo para los demás. Conscientes, pues, de que tan peligroso es para una sociedad democrática la difusión del odio y el extremismo como la uniformidad de pensamiento y el silenciamiento del debate público, afrontamos en esta obra algunos de los debates que resultan esenciales para resolver este complejo problema.

 La presente obra no incluye la relevante parte empírica del proyecto CiberHache en la que se analizó la prevalencia de estos fenómenos en Internet así como las medidas de prevención criminológica del mismo y que ha sido publicada en otros lugares, pero sí parte de este conocimiento fáctico para afrontar la parte esencial del proyecto, la que trata de delimitar la forma de respuesta penal a estos fenómenos y los límites que para ello tiene el Estado Social y Democrático de Derecho. Para ello no sólo hemos tenido la suerte de contar con los investigadores del proyecto, sino que nos hemos apoyado en penalistas y constitucionalistas del máximo prestigio que, sin formar parte del mismo, han aportado su conocimiento y especialización a una obra que queda, así, significativamente enriquecida.

 Desde este contexto, y dado que en la misma se entremezclan problemáticas diferentes pero íntimamente relacionadas entre sí, la presente obra colectiva consta de cuatro partes: un marco de comprensión, conformado por diferentes enfoques, de las dos grandes cuestiones que van a ser analizadas en el libro, la respuesta penal al discurso del odio y el tratamiento penal del extremismo radical en Internet; otras dos partes en las que se afronta el análisis de cada una de ellas específicamente; y una final, en la que se cierra el círculo desde la libertad de expresión como ángulo desde el que resolver la esencial cuestión de los límites a la libertad de expresión en este ámbito.

 La primera de las partes de la obra, titulada genéricamente “Marco”, está conformada por todas las contribuciones que cimentan los fundamentos sobre los que se contextualiza el propio libro colectivo, con la pretensión de dar una visión general de la respuesta del Derecho penal ante el odio y la radicalización en el ciberespacio. En este sentido, los trabajos que integran esta primera parte de la obra analizan desde planteamientos dogmáticos distintos, cuestiones como el tratamiento penal de conductas ofensivas condensadas en tan sólo 140 caracteres, a la que me refiero en el primer capítulo de la obra titulado “Derecho penal y 140 caracteres. Hacia una exégesis restrictiva de los delitos de expresión”; la protección penal de la identidad religiosa, que es analizada con finura y maestría por Alcácer Guirao, partiendo de la identificación entre identidad y dignidad, bajo el provocador título “Cocinar cristos y quemar coranes. Identidad religiosa y Derecho penal”; el análisis desde un punto de vista crítico de la conducta descrita en el apartado 1º, a) del artículo 510 del Código penal, llevado a cabo por Portilla Contreras en su contribución titulada “El retorno de la censura y la caza de brujas anarquistas” en la que pone de manifiesto la deriva legislativa a la que hemos llegado; y cerrando esta primera parte, el estudio pormenorizado del artículo 22.4ª y la motivación discriminatoria online, realizado por Díaz López, en el que se muestra, y analiza críticamente, uno de los fundamentos esenciales sobre los que se ha construido gran parte del discurso de criminalización en este ámbito.

 En la segunda parte, a partir de la propia dicotomía de la rúbrica de la obra (odio-radicalización), los autores, cada uno de ellos experto en el tema escogido, analizan el “odio” desde distintos enfoques. Se inicia, pues, esta segunda parte con la contribución de Fuentes Osorio que estudia el propio concepto penal de “odio”, así como sus consecuencias, en una reconstrucción analítica del máximo interés sobre los modelos de expresión de la intervención penal en esta materia. Posteriormente, el capítulo de Rodríguez Ferrández disecciona y analiza rigurosamente la nueva regulación penal de la incitación al odio desde una interpretación restrictiva, mientras que la incitación al odio y género son puestos en común por Gómez Martín para llevar a cabo un análisis pormenorizado, recordando con carácter previo el origen del precepto como posible guía interpretativa y reflexionando acerca de su aplicabilidad a hipotéticos supuestos de incitación al odio machista.

 Es en la tercera parte de la obra donde se focaliza la atención en el segundo de los fenómenos que conforman el título de la presente obra, el de la “radicalización”. Bajo el sugerente título “La respuesta a los mensajeros, y a los mensajes, del terrorismo”, Walker analiza tres enfoques tácticos para perseguir y prevenir las conductas llevadas a cabo por los “mensajeros del terrorismo”: la creación de leyes penales especializadas contra los mensajeros, la incorporación de controles administrativos sobre los propios mensajes, y un compromiso ideológico con los mensajeros y los mensajes. Conforma también esta tercera parte de la monografía el excelente aporte sobre las medidas para contrarrestar la radicalización online en el contexto del terrorismo yihadista, llevado a cabo por Cano Paños.

 Finalmente, la última y cuarta parte del presente trabajo, está dedicada al estudio de los límites a la criminalización del “discurso del odio”: en el primero de los capítulos, el elaborado por Rollnert Liern, desde el punto de vista de los límites de la libertad de expresión, y en el segundo, el realizado por De Domingo Pérez, desde el respeto a los derechos fundamentales en un Estado Social y Democrático de Derecho. Como ponen de manifiesto los autores en sus profundas contribuciones, los derechos no constituyen tanto límites como sentido y fin de la intervención estatal, y así deben ser interpretados.

 Puede verse, pues, que Cometer delitos con 140 caracteres, es un título algo engañoso: ni es sólo un libro exclusivamente de Derecho penal, al afrontarse la cuestión desde una perspectiva jurídica algo más holística, ni va exclusivamente sobre la respuesta jurídica a las expresiones en la red social Twitter que, de hecho, ya permite publicar con más de “cient cuarenta” caracteres. Pero el título sí nos sirve para poner de manifiesto que, aunque ya sepamos, incluso desde antes de J. L. Austin, que los delitos se pueden cometer con cualquier cosa, también con palabras o con imágenes, y aunque estemos cerca de acostumbrarnos a que el Código Penal siga ensanchándose, tanto cuantitativa como cualitativamente, nunca debemos dejar de preguntarnos, y menos cuando aparezca una nueva criminalización o una nueva tipología de conductas relacionada con un desarrollo tecnológico o social, acerca de la necesidad y los límites de la respuesta punitiva del Estado.

Criminología, evidencias empíricas y política criminal: CRÍMINA liderará el proyecto NEXO

El próximo día 5 de febrero, el centro CRIMINA para el estudio y prevención de la delincuencia de la UMH acogerá la primera reunión de investigadores del proyecto nacional NEXO, financiado por la Agencia Estatal de Investigación del Ministerio de Economía y Competitividad. El proyecto cuenta con una participación de más de una quincena de investigadores procedentes de nueve universidades nacionales e internacionales del máximo prestigio, y será el centro CRÍMINA, y su director el Dr. Fernando Miró Llinares como investigador principal, quien coordinará las diferentes acciones de investigación durante los próximos cuatro años.

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El presente proyecto aborda las posibilidades y límites de la incorporación de evidencias científicas de carácter criminológico a la política legislativa en materia penal, en particular a la decisión sobre la criminalización de conductas y el incremento de las penas. El reto se afronta desde un planteamiento novedoso que, por un lado, revisará de qué modo y con qué restricciones deontológicas pueden incorporarse a la práctica del legislador procedimientos de contraste científico que sean útiles y mejoren la racionalidad de la decisión legislativa; y, por otro, analizará empíricamente algunos de los presupuestos centrales en los que basa el legislador la toma de decisiones sobre la incorporación al Código Penal de nuevas conductas o el incremento de las penas de las existentes para comprobar la validez de las hipótesis.

La política legislativa penal de los últimas décadas, calificada por la doctrina como expansiva y punitivista, se argumenta usualmente en un supuesto conocimiento de la realidad acerca de tendencias delincuenciales, demandas sociales de intervención, capacidad disuasoria de la ley penal, que, sin embargo, no se apoya en evidencias científicas y, en algunos casos, resulta incluso contradictorio con las existentes. En un momento en el que el saber criminológico está capacitado para aportar marcos de comprensión adecuados sobre los fenómenos delictivos y los efectos de las leyes y las penas en las personas, en el que desde Europa se exige un mayor control y evaluación sobre la racionalidad de las leyes y en el que la doctrina, continuando su esencial espíritu crítico, comienza a abarcar no sólo la valoración del resultado legislativo sino también el procedimiento adoptado para ello, resulta esencial definir adecuados procedimientos en el quehacer legislativo que permitan incrementar el conocimiento del legislador y de la sociedad sobre la delincuencia, sus causas y efectos, y sobre las posibilidades preventivas reales, pero también los límites, de las leyes penales.

Llevado a cabo por un grupo de investigación que ya ha demostrado en convocatorias anteriores del plan nacional y en otros proyectos nacionales e internacionales su experiencia y capacidad para desarrollar metodologías complejas y totalmente aplicadas a problemáticas concretas y, en particular, para unir con sentido lógico las distintas ciencias penales, NEXO plantea un diseño metodológico de tareas en bloques de trabajo adaptado a los dos objetivos generales pretendidos: (1) incorporar efectivamente al proceso legislativo evidencias empíricas, y (2) revisar los presupuestos empíricos de la toma de decisión legislativa sobre la criminalización de conductas. Estos se lograrán por medio de estudios empíricos acerca del cumplimiento de las normas y la capacidad disuasoria de las penas, las actitudes punitivas y la legitimación de las políticas legislativas o la percepción de la delincuencia y su influencia en la creación de alarmas sociales, entre otros. Y todo ello se materializará en un protocolo para la correcta inclusión de evidencias científicas en la toma de decisiones político legislativas sobre criminalización de conductas cuyo propósito es mejorar el conocimiento de nuestros legisladores y, con ello, incrementar la racionalidad de las leyes, la confianza de los ciudadanos en las instituciones en general y, en particular, en la justicia del sistema penal, condiciones esenciales para el mejor cumplimiento de las leyes y para el bienestar social.