Conciliación

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La conciliación es un medio alternativo de resolución de conflictos, mediante el cual las partes resuelven directamente un litigio con la intervención o colaboración de un tercero. Se distinguen dos tipos de conciliación: conciliación prejudicial y conciliación judicial.

Se trata de un medio de justicia restaurativa cada vez más importante en la sociedad moderna, que tiene la intención de evitar entrar en procesos judiciales. Además, permite una participación activa de la víctima en el conflicto lo que mejora el resultado de la resolución del conflicto.

En España la conciliación está regulada en materia de derechos dispositivos, principalmente civil y mercantil. No se prevé la conciliación en materia penal salvo en la jurisdicción de menores, donde la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal del Menor prevé y regula ésta figura.

Yitzhak Rabin, Primer Ministro de Israel, y Yasser Arafat, presidente de Autoridad Nacional Palestina (PNA), se dan la mano después de firmar los Acuerdos de Oslo, en setiembre de 1993, en los que el presidente estadounidense Bill Clinton actuó como conciliador.

En Derecho, la conciliación es un medio alternativo de resolución de conflictos, mediante el cual las partes resuelven directamente un litigio con la intervención o colaboración de un tercero.

El origen de las palabras conciliación, conciliador y conciliar vienen del latín o lengua romana Conciliatio, tionis, conciliador, conciliare y traduce esta última componer y ajustar los ánimos de los que estaban opuestos entre sí.

Originariamente, la palabra conciliación viene de concilio (o junta) especialmente eclesiástica para deliberar y decidir sobre materias de dogmas de disciplina que busca la reconciliación entre personas inmersas en un conflicto de intereses, busca la armonía interpersonal, la paz social y la renovación de sentimientos y entendimientos Erga Homnes.

Se trata de un medio de justicia restaurativa, entendiendo como tal una teoría de justicia que enfatiza en la reparación del daño causado o presentado por una conducta delictiva. Se alcanza a través de procesos cooperativos que incluyen a todos los interesados.

 

 

No existe un concepto legal del acto de conciliación, aunque en base a la doctrina y jurisprudencia podemos decir que se trata de una comparecencia facultativa de las partes en conflicto de intereses ante un tercero. La comparecencia es regulada por el Ordenamiento Jurídico, que atribuye efectos a lo convenido en ella por los interesados.

La conciliación no es un proceso, el juez no interviene para imponer una solución al conflicto; no actúa jurisdiccionalmente. Así mismo se señala en la jurisprudencia destacando la SAP Granada núm.6/2004 (Sección 3), de 12 enero donde establece que el Juez que ejerce la función conciliadora, no interviene como órgano jurisdiccional, sino como mediador. Otras sentencias en la misma dirección son la del TS de 5 de noviembre de 1976 y la de 31 de octubre de 1989.

La conciliación es un mecanismo autocompositivo de solución de conflictos que tiene como objetivo devolver la relación víctima-victimario al estado anterior de los hechos antijurídicos y restablecer la paz social. Se trata de una negociación asistida donde las partes buscan una solución satisfactoria, permitiendo la intervención de un tercero con capacidad de proponer fórmulas conciliatorias y fomentado la constante comunicación entre las partes.

No existe una distinción absoluta entre mediación y conciliación (SOLETO MUÑOZ, 2009). En el derecho comparado, ambos términos pueden referirse a la intervención de un tercero para llegar a un acuerdo, así como a la propia posibilidad de un acuerdo entre las partes. En general, en los sistemas anglosajones, la conciliación engloba a la mediación. De hecho, cuando en la Directiva sobre Mediación en asuntos civiles y mercantiles del 26 de mayo de 2008 se define en el artículo 3 lo que se entenderá por mediación, se apunta a un procedimiento estructurado, sea cual sea su nombre o denominación.

Se puede distinguir la mediación de la conciliación en cuanto que la mediación es un procedimiento en la que el mediador utiliza determinadas técnicas y sigue unas reglas, y la conciliación es la ocasión en la que las partes pueden llegar a un acuerdo. Sin embargo, no es posible realizar una distinción jurídica absoluta, ni en el sistema español ni en general en el derecho comparado.

El origen de la regulación de dicha institución en España se encuentra en la Constitución de 1812. En algunas leyes especiales, como las Ordenanzas de Bilbao, se previene que “no se tramite juicio alguno antes de que los cónsules llamen a los interesados y propongan una transacción entre los mismos, y hagan lo posible para que esta transacción sea aceptada”.

La ley de 3 de junio de 1821 prevenía a los alcaldes que debían presidir los juicios de conciliación, como trámite obligatorio e indispensable para poder iniciar un juicio. En la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855 fue regulada esta medida como obligatoria a las partes antes del comienzo de un pleito, indicando también que el Juez Municipal y los hombres buenos que puedan intervenir en la conciliación tienen como deber aproximar a las partes contendientes.

Actualmente, el Título I del Libro II (artículos 460 a 480) de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 regula el acto de conciliación. Dichos artículos sufrieron algunas modificaciones introducidas por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial. Así, el artículo 460 LEC establece que “Antes de promover un juicio, podrá intentarse la conciliación ante el Secretario judicial del Juzgado de Primera Instancia o ante el Juez de Paz competentes”; de esta manera, el acto de conciliación se establece como un acto enteramente voluntario entre las partes, incluso la Ley lo prohíbe en ciertos casos.

La posibilidad de atribuir la competencia a los Secretarios Judiciales tiene su fundamento en que el acto de conciliación tiene una función no jurisdiccional, sino de pura mediación.

Se debe tener en cuenta que la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 ha sido derogada por el número 1 de la Disposición Derogatoria Única de la Ley 1/2000, de 7 enero, de Enjuiciamiento Civil a excepción de algunos artículos incluyendo el Título I del Libro II sobre la conciliación, que estarán vigentes hasta la entrada en vigor de la regulación de la materia en la Ley sobre Jurisdicción Voluntaria, actualmente en proceso de aprobación.

Existe la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles que regula todos los aspectos relacionados con la mediación civil y mercantil.

 

 

  • La conciliación judicial es una forma diferente de conclusión del proceso judicial. Se desarrolla en el transcurso de un procedimiento judicial, en el que el tercero que dirige la conciliación es el juez de la causa, que propone bases de arreglo, homologa o convalida lo acordado por las partes, otorgándole eficacia de cosa juzgada, dentro del marco de la legalidad. Se dirige a que las partes encuentren una solución al conflicto antes de que lo haga el órgano judicial.
  • La conciliación extrajudicial o prejudicial es un medio alternativo por el que las partes resuelven sus problemas sin acudir a un juicio mediante la participación de un tercero ajeno al procedimiento judicial. El acuerdo al que llegan las partes suele ser un acuerdo de tipo transaccional, es decir, homologable a una transacción.

Distinguimos también (MONTERO AROCA, 2002) entre:

  • Conciliación preprocesal o preventiva: regulada en los artículos 460 a 480 de la LEC de 1881, tiene lugar antes de la litispendencia tendiendo a evitar el proceso.
  • Conciliación intraprocesal o intrajudicial: regulada en los artículos 415 y 428.2 de la LEC 1/2000, se realiza después tendiendo a terminar el proceso ya comenzado.

o  Elemento subjetivo: determina la relación entre los protagonistas del trámite conciliatorio. Son las partes en conflicto quienes deben gozar de capacidad y ánimo para conciliar.

o  Elemento objetivo: señala la disputa cuya solución se pretende. Ésta debe ser susceptible de transacción.

o  Elemento metodológico: trámite conciliatorio propiamente dicho. Debe estar orientado por el conciliador, como facilitador del diálogo entre las partes a fin de optimizar los resultados.

  • Agilidad: se alcanzan acuerdos con mucha rapidez. Las cautelas desaparecen porque no hay que convencer a nadie y porque no necesitan probar nada; como las partes toman la decisión definitiva, no habrá recursos ulteriores.
  • Economía: si comparamos los gastos conciliatorios con los judiciales, los primeros son  de menor inversión en dinero y tiempo.
  • Desburocratización: trámites burocráticos aligerados y las partes pueden utilizar su propio lenguaje.
  • Aproximación de posiciones: participación de las partes en la búsqueda de una solución que satisfaga a ambas, les hace sentir que forman parte de la solución ( y no solo del conflicto como sucede en los procesos judiciales).
  • Satisfacción de las partes: dado que las partes acuerdan los términos de la solución, ésta les resultará satisfactoria. Se evitan así ulteriores recursos.

En relación a las partes en conflicto:

  •  Voluntariedad: tanto acudir a la conciliación como abandonarla cuando se desee han de ser decisiones voluntariamente asumidas por las partes.
  •  Igualdad de las partes: ambas partes se encuentran en una posición de equilibrio, desarrollo pleno de sus capacidades cognitivas y volitivas y en absoluto plano de igualdad.

En relación al conciliador:

  •  Imparcialidad: ha de mantenerse neutral respecto de las partes y del conflicto.
  •  Confidencialidad: garantizar a las partes el secreto al que el conciliador queda obligado.

 

 

Siempre es preferible resolver un conflicto por medio de un acuerdo entre las partes al cual hayan llegado ellas voluntariamente y, evitar que la solución sea impuesta por otra persona.

El ámbito propio de la mediación reside en los conflictos intersubjetivos de carácter disponible, es decir, en los intereses privados y, por tanto, en los problemas de Derecho Privado: fundamentalmente civil y mercantil. La razón reside en que solo en materia de Derechos dispositivos, tienen las partes plena capacidad para negociar una posible solución que pueda posteriormente ser asumida por el Estado como solución válida.

Es una persona neutral e imparcial que ayuda a las partes a encontrar una solución adecuada al problema. Facilita la solución de un conflicto sin tener la facultad de imponer una decisión, es decir, respeta la voluntad de las partes. Colabora con las partes para que las propuestas de solución salgan de ellas y facilita el dialogo.

Opera como requisito o presupuesto de validez del acuerdo conciliatorio, y lleva implícito el control de legalidad.

El artículo 460 de la LEC relaciona los supuestos en que está prohibida la conciliación previa en el proceso civil, que constituyen un numerus clausus:

  • Los juicios en que estén interesados el Estado, las Comunidades Autónomas y las demás Administraciones públicas, Corporaciones o Instituciones de igual naturaleza.
  • Los juicios en que estén interesados los menores y los incapacitados para la libre administración de sus bienes.
  • Los juicios de responsabilidad civil contra Jueces y Magistrados, regulados en los artículos 411 a 413 de la LOPJ y en el artículo 403 de la Ley.

Los que se promuevan sobre materias no susceptibles de transacción ni compromiso, como las que versen sobre el estado civil de las personas, cuestiones matrimoniales, sobre alimentos futuros, cuestiones sobre las que haya recaído resolución judicial firme, etc. En definitiva, quedan excluidos todos aquellos en los que las partes no tienen libre disposición.

Es la participación equilibrada entre mujeres y hombres en la vida familiar y en el mercado de trabajo, conseguida a través de la reestructuración y reorganización de los sistemas laboral, educativo y de recursos sociales, con el fin de introducir la igualdad de oportunidades en el empleo, variar los roles y estereotipos tradicionales y cubrir las necesidades de atención y cuidado a personas dependientes.

Conciliar la vida personal, familiar y laboral es un derecho de la ciudadanía y una condición fundamental para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres.

Numerosos organismos internacionales y supranacionales han recomendado la incorporación de mecanismos de mediación penal entre víctima y delincuente en los sistemas legales nacionales.

En primer lugar, este medio de resolución de asuntos penales ha sido recomendado por la Asamblea General de las Naciones Unidas desde 1985 en la “Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delito y del Abuso de Poder”, al establecer: “ 7. Se utilizaran, cuando proceda, mecanismos oficiosos para la solución de las controversias, incluidos la mediación, el arbitraje y las prácticas de justicia consuetudinaria o autóctonas, a fin de facilitar la conciliación y la reparación en favor de las víctimas”.

También el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas en sus resoluciones (Resolución ECOSOC 1999/26, de 28 de julio de 1999; Resolución ECOSOC 2002/12, de 24 de julio de 2002) recomienda implantar tipos de procedimientos que faciliten el encuentro víctima y ofensor, la compensación por los daños sufridos o la realización de servicios comunitarios por el delincuente. También señalan una serie de principios básicos para la aplicación de programas de Justicia Restaurativa en materia penal.

La Recomendación (99) 19 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, de 15 de Septiembre de 1999 sobre mediación en materia penal, define este tipo de mediaciones y recomienda que la normativa de los Estados facilite la mediación en asuntos penales.

Por último, también el Consejo de la Unión Europea hace referencia al uso e implementación de este tipo de procedimientos en la Decisión Marco, de 15 de marzo de de 2001.

La conciliación penal pretende resolver los conflictos sociales del orden penal dentro del marco del acuerdo de voluntades, devolviéndole a la víctima un rol preponderante y proporcionándole al autor la posibilidad de comprender su acto equivocado y contrario al derecho, propiciando su arrepentimiento que se traducirá en una manifestación de confianza en las normas jurídicas, conllevando seguridad y restableciendo la paz social.

Actualmente, la legislación española tiene una tendencia hacia la reparación de la víctima, pero solo está regulada la mediación penal en la legislación de menores. Existen determinados trámites en los que, atendiendo a la menor gravedad del delito y a las circunstancias de haber sido indemnizada la víctima y/o producirse la reconciliación con el delincuente, puede no llegar a iniciarse un procedimiento penal, sobreseerse uno ya iniciado, atenuarse la sanción a imponer, o acordar la inejecución, suspensión o modificación de una sanción penal ya impuesta. Aun así, ninguna de estas posibilidades constituyen actos de mediación penal tal y como los establecen los organismos internacionales y supranacionales.

En España, no hay cabida de la mediación/conciliación penal institucionalizada, ya que, en el derecho penal y en el proceso penal confluyen un conjunto de características que impiden la existencia y desarrollo de derechos dispositivos.

Supuesto previsto

El artículo 804 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece la conciliación penal previa al juicio en los procesos por injuria y calumnia contra particulares.

Eso es debido a que se trata de derechos privados –los únicos regulados en el Código Penal español- y el querellante puede disponer sobre el objeto del proceso penal. Así, el legislador estableció éste mecanismo para la resolución privada de la controversia como vía para evitar el proceso penal.

La conciliación penal carece de un procedimiento ad hoc ya que el art. 804 LECrim prescribe simplemente la obligación de las partes de acudir al acto de conciliación con carácter previo al inicio del proceso. Es jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo la aplicación en esta materia del procedimiento previsto para la conciliación civil en los arts. 460 a 480 LEC 1881 al campo penal.

Principios Generales del Derecho Penal

La conciliación está en consonancia con distintos principios del derecho penal, entre los cuales encontramos:

  • Principio de última ratio: la intervención del derecho penal no es absolutamente necesaria. Las partes pueden resolver el conflicto por otras vías legales, reservando el derecho penal como último recurso. Así, la conciliación es aconsejable para determinadas conductas no graves y que no afectan al interés y orden público.
  • Principio de intervención mínima: el Estado debe limitar el ejercicio del ius puniendi y reducir su intervención a los casos estrictamente necesarios en el término de utilidad social general, es decir, intervenir cuando no queden otros medios para la protección social.
  • Principio de oportunidad: implica la disposición por las partes del ejercicio de la acción penal. La conciliación puede aportar eficacia al propio sistema procesal penal, ya que, puede contribuir a reducir el número de procesos penales permitiendo la prevención y resocialización.

Figura de la víctima

La conciliación es una fórmula básica para introducir a la víctima en la solución del conflicto penal. De esta manera, se rescata a la víctima del olvido en el que se encontraba y se corrige, a la vez, una distorsión del propio sistema penal.

La necesidad de escuchar a la víctima y a los demás sujetos involucrados en el conflicto hacen necesario recurrir a otros métodos de solución diferentes del proceso penal.

Así, la conciliación permite una participación activa de la víctima en la resolución del conflicto y, por tanto, formar parte de la solución manifestando su opinión y su punto de vista. La participación de la víctima en la búsqueda de la solución es positiva, también, para la superación del problema por la propia víctima. Sentir que forma parte de la solución, le da una sensación de satisfacción que, en muchos casos, no se consigue por medio del proceso penal.

 

Los Estados de tradición jurídica anglosajona e influencia del Common Law, como Canadá, EEUU, Inglaterra o Australia fueron los primeros en implementar programas de justicia reparadora debido a que en ellos rige con menor rigor el principio de legalidad y, en cambio, es más importante el principio de oportunidad que permite dejar de aplicar una sanción por razones de utilidad o conveniencia para la comunidad.

Los sistemas jurídicos continentales como Francia, Alemania, Bélgica o Noruega también han incorporado medidas de Justicia Reparadora.

Así, se distinguen dos procedimientos:

  •  El acuerdo obtenido en la mediación penal constituye una sanción punitiva autónoma y preferente a la sanción judicial, de manera que ésta última solo entra en juego cuando hay incumplimiento del acuerdo alcanzado o imposibilidad de alcanzar el acuerdo.
  •  Se atribuyen a la reparación efectuada por el autor, en el marco de la mediación, efectos de atenuación o exoneración de la sanción penal impuesta por un Tribunal.

Se prohíbe la conciliación en materia de violencia de género por disposición legal.

Así, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral  contra la Violencia de Género prohíbe en su artículo 44.5 la mediación en los delitos y faltas que constituyan una infracción penal de estas características. En este mismo sentido se pronuncia el artículo 87 ter 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.   Esta prohibición también consta en la mayoría de regulaciones autonómicas en materia de mediación familiar (art.2.1 Ley 1/2006, de mediación familiar de Castilla y León; art.5.4 de la Ley 1/2008 de Mediación Familiar del País Vasco; etc.).

Ésta no es posible porque las partes no están en plano de igualdad y porque emocionalmente no se dan las condiciones necesarias y adecuadas para tratar de establecer un diálogo entre las partes que les conduzca a un acuerdo reparador.

Falta uno de los presupuestos claves para poder llevar a cabo la conciliación: la igualdad entre las partes. En los casos de violencia de género, una de las partes ejerce una fuerte influencia sobre la otra, por lo que no sería posible llegar a un acuerdo equitativo y justo para ambos. La particular situación en la que se encuentra cada parte cuando hay un episodio de violencia de género conlleva que, en el momento de la conciliación, no solo no haya igualdad, sino que esa posible voluntariedad que se exige también como presupuesto, sea coaccionada o impuesta.

Si se inicia una conciliación, si el conciliador aprecia cualquier indicio de que pueda existir un fenómeno de violencia de género subyacente entre las partes deberá dar por finalizada la conciliación y remitir de oficio toda la información y actuaciones de que disponga a la fiscalía y al juzgado competente.

 

 

En la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal del Menor se señala que “ La reparación del daño causado y la conciliación con la víctima presentan el común denominador de que el ofensor y el perjudicado por la infracción llegan a un acuerdo, cuyo cumplimiento por parte del menor termina con el conflicto jurídico iniciado por su causa”.

El acuerdo entre víctima e infractor regulado en la LORRPM es el resultado de un procedimiento de mediación desarrollado por un organismo independiente y distinto del Juez que ha de conocer del procedimiento jurisdiccional; acuerdo que una vez adoptado sustituye a cualquier eventual sanción judicial, por lo que este tipo de previsión cumple las previsiones establecidas en las recomendaciones internacionales para considerarla una verdadera mediación penal.

La conciliación penal en justicia de menores pretende fomentar la reeducación del menor sobre cualquier otra medida que se le pueda aplicar como consecuencia de la acción delictiva.

Se busca cumplir el principio de intervención mínima y lograr también la responsabilización del menor, de manera que éste asuma el daño causado y sus consecuencias, se disculpe ante la víctima y ésta acepte sus disculpas y que proceda a la reparación del daño.

Presupuestos

Para que un menor pueda acceder a la conciliación/mediación, se requiere de una serie de criterios (LÓPEZ, 1999):

■ Reconocimiento de su responsabilidad en los hechos.

■ Voluntad de participar activamente en la conciliación. Es decir, que su interés en  solucionar el conflicto sea real.

■ Consentimiento de los padres o representantes legales.

■ Capacidad de reparar, lo qué significa que el/la menor conecta y relaciona cognitivamente los hechos con las soluciones que se van a aportar, con el encuentro  con la víctima y su compensación.

■ Que los daños, ya sean económicos, materiales o morales, sean reparables de una  forma real o simbólica.

Regulación

La Ley 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores se encarga de establecer la figura de la conciliación. Así, tenemos:

–  Artículo 19: sobreseimiento del expediente por conciliación o reparación entre el menor y la víctima. Regula la denominada mediación prejudicial.

–  Artículo 51.2: sustitución de medidas. Regula la mediación judicial.

El Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la LO 5/2000 (LORRPM) desarrolla el proceso a seguir en estos casos en los artículos:

–      Artículo 5: modo de llevar a cabo las soluciones extrajudiciales

–      Artículo 8: competencia funcional

–      Artículo 15: revisión de la medida por conciliación.

Tipos de conciliación

Mediación/conciliación prejudicial

Una vez producida la conciliación del menor con la víctima, el Ministerio Fiscal dará por concluida la instrucción y solicitará al Juez el sobreseimiento y archivo de las actuaciones. Se trata de una renuncia a la intervención penal, a cambio de que la víctima y el delincuente acepten un acto de conciliación como solución al conflicto. Para el delincuente significa la posibilidad de sustraerse legalmente del proceso penal; para la víctima, la compensación inmediata del daño producido; para los dos significa evitar entrar en el procedimiento penal.

Requisitos para que se produzca la conciliación:

  • Que el hecho imputado al menor constituya delito menos grave o falta
  • ·Atendiendo a la gravedad y circunstancias de los hechos y del menor, de modo particular a la falta de violencia o intimidación graves en la comisión de los hechos.
  • ·Que la víctima acepte las disculpas ofrecidas por el menor.

Mediación/conciliación judicial

La conciliación del menor con la víctima podrá dejar sin efecto la medida impuesta cuando el Juez a propuesta del Ministerio Fiscal o del letrado del menor y oídos el equipo técnico y la representación de la entidad pública de protección o reforma de menores, juzgue que dicho acto y el tiempo de duración de la medida ya cumplido, expresen suficientemente el reproche que merece los hechos cometidos por el menor.

La conciliación surtirá efectos cualesquiera que haya sido el delito cometido, sin necesidad de los requisitos exigidos para la conciliación prejudicial.

Principios de la mediación penal con  menores infractores

  • Voluntariedad: se debe manifestar el deseo o no de participar en la conciliación.
  • Confidencialidad: la información recogida se utilizará únicamente en el proceso de mediación.
  • Neutralidad: el mediador no se posiciona ni representa a ninguna de las partes.
  • Gratuidad: es un servicio gratuito.

 

 

 

 

 

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Barallat, J. (2013). La mediación en el ámbito penal. Revista Jurídica de Castilla y León, 29, pp.1-17.

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