Miedo al delito

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En la literatura científica existe una discusión amplia sobre el término miedo al delito, que  se entiende como una percepción subjetiva de inseguridad que tienen los individuos en un contexto concreto, o dicho de otro modo, es sería la sensación que tiene cada persona de la posibilidad de ser víctima de un delito. Por todo, con el tiempo el miedo al delito se ha convertido en un problema de estudio tan importante como las propias tasas de criminalidad objetivas, puesto que las consecuencias negativas de este temor subjetivo tanto a nivel individual como social o urbano son muy preocupantes para la vida social. El presente artículo trata de hacer un repaso por los diferentes matices que los autores dan a la definición de este concepto, para analizar la importancia de sus consecuencias, medición y aplicación en la sociedad.

Señal de alerta de delito en las afueras de Ciudad del Cabo, Sudáfrica.

El miedo al delito es un concepto que ha generado una amplia investigación en las ciencias sociales desde los años 60 y que se correspondería con la percepción de cada individuo de sus propias posibilidades de ser víctima.

La explicación de este fenómeno como percepción subjetiva está muy simplificado y, la realidad, es que las investigaciones al respecto no han parecido llegar a un acuerdo total sobre la definición de miedo al delito. Sin embargo, es obvio que los delitos, además de muchas otras consecuencias negativas, general miedo “y ese miedo tiene consecuencias perjudiciales para la vida de las personas, convirtiéndolas en víctimas indirectas” (Narváez Mora, 2009).

Este concepto comenzó a investigarse en Estados Unidos tras el debate que suscitó el aumento de la delincuencia violenta registrada por la policía en ese periodo (Dittmann, 2008), y a pesar de la relevancia empírica, teórica y política del miedo a la delincuencia, son relativamente pocos los estudios que han examinado en profundidad la frecuencia e intensidad de este fenómeno centrado más en los sentimientos que en hechos objetivos, por la complejidad que presenta el hecho de ir más allá de los riesgos reales de victimización (Gray, Jackson, y Farrall, 2008).

El miedo al delito ha sido equiparado a gran variedad de estados emocionales, actitudes o percepciones (Warr, 2000), y supone una baja percepción de seguridad, que no tiene por qué corresponderse  con la seguridad real o la tasa de delitos objetiva. Por tanto, se trataría de una fuente de inseguridad que no se relaciona directamente con la delincuencia, sino con la sensación subjetiva de la misma que poseen los individuos en un contexto determinado, ya que supone “una reacción emocional elemental ante los acontecimientos criminales que se perciben como amenaza personal” (Dittmann, 2008).

Dicho de otra forma, sería el temor que los ciudadanos experimentan ante la posibilidad de ser personalmente víctimas de un delito, es decir, temor por la propia seguridad.

Se trataría, por tanto, del resultado de un proceso psicológico, arraigado en “el terreno donde se cruzan las <<preocupaciones>> -digamos, de base cognitiva – con los <<miedos inespecíficos>> -digamos de base más emocional, y las reacciones resultan particularmente intensas cuando estas preocupaciones y estos miedos inespecíficos se producen una situación de crisis” (Gondra, 2008), o dicho de otro modo, supondría una dualidad donde se contrapone la objetividad de una proyección numérica sobre riesgos futuros de ser víctima, frente a una subjetividad de lo posibles que se consideran esos riesgos (Narváez Mora, 2009).

De hecho, aunque es de esperar una relación directa entre tasas de delito y miedo al delito, es decir, el miedo suele aumentar a medida que sube la delincuencia, este hecho no disminuye con la misma rapidez cuando descienden los delitos (Taylor, 1986).

Por tanto, debe preocupar que el miedo al delito sea mayor que la tasa de delincuencia porque supone un obstáculo el buen desarrollo del espacio público provocado por los cambios de comportamientos en los individuos,  pero también es un problema que el miedo al delito sea mucho más bajo que las tasas reales de delincuencia, porque esto supondría que los individuos se confíen y no tomen suficientes precauciones, por lo cual, estarían más expuestos a ser víctimas de delitos, como se verá más adelante.

El miedo al delito ha sido definido por distintos autores tratando de llegar al fondo de esta cuestión, así, Ferraro (1995) define el miedo al delito como una respuesta emocional de nerviosismo o ansiedad al delito o símbolos que la persona asocia con el delito, lo que significa que se reconoce algún peligro potencial (Medina, 2003).  Como tal, esa experiencia emocional sería el resultado  de una determinada manera de procesar la información e interpretar la realidad a partir de los elementos de nuestro entorno (Vozmediano, San Juan y Vergara, 2008).

A su vez, Vozmediano (2010), expresa el concepto como “la experiencia emocional de temor o inquietud en la vida diaria de los ciudadanos, por la posibilidad de ser víctima personalmente de una serie de delitos comunes en su contexto social y geográfico”. En este sentido, la percepción de inseguridad por lo general no incluiría delitos muy graves, sino actividades delictivas de diferente naturaleza que son más comunes en un entorno específico y que, por tanto, los individuos pueden ver como una amenaza potencial, como serían robos en las viviendas, atracos en la calle, robo de vehículos o acoso, por poner algunos ejemplos.

Así, el miedo al delito “puede ser provocado por un peligro inmediato, como cuando un individuo es confrontado por un agresor armado o es verbalmente amenazado con un daño. (…) Los seres humanos tienen sin embargo la habilidad de anticipar o reflexionar eventos que se sitúan en el futuro o que no son inmediatamente aparentes” (Warr, 2000), es decir, no es necesario estar expuesto a una amenaza real para sentir miedo a ser víctima.

Como se ha señalado, el miedo al delito no es percepción del riesgo como tal, sino su consecuencia (Warr, 2000).  En esta línea, hay que destacar que existen diferentes conceptos que suelen confundirse con el concepto miedo al delito, pero que, tal y como ha mostrado la literatura científica al respecto, no significan exactamente lo mismo, como son inseguridad ciudadana y preocupación por el delito.

En primer lugar hay que matizar que miedo al delito e inseguridad ciudadana no tendrían el mismo significado ya que aunque el miedo al delito, igual que la percepción de inseguridad, haría referencia a percepciones y emociones subjetivas de los individuos (San Juan, Vozmediano y Vergara, 2009). Sin embargo, el miedo al delito hace referencia al temor de los ciudadanos a ser personalmente víctimas de algún crimen o de cierto tipo de delito, mientras que la inseguridad ciudadana puede entenderse como miedo al crimen en abstracto, es decir, como una inquietud respecto al delito como problema social (Serrano y  Vázquez, 2007) . De este modo, la inseguridad ciudadana no incluiría sólo la delincuencia como tal, sino también “otras preocupaciones como el terrorismo, la presencia de inmigrantes, la seguridad alimentaria, y ahora, con torrencial eclosión, el miedo al cambio climático” (Vozmediano, San Juan y Vergara, 2008).

En segundo lugar, se puede realizar una diferenciación entre preocupación por el delito y miedo al delito como tal. En este sentido, la preocupación por el delito iría referido a la estimación general que tienen los ciudadanos de la seriedad del problema de la delincuencia (Soto, 2005), basado en los datos oficiales de los que se disponen. Sin embargo, miedo al delito en contraposición con este término no se basa en datos sino en la percepción de cada ciudadano de sus propias posibilidades de ser víctima, como ya se ha comentado. Es decir, la preocupación por el delito no comportaría necesariamente miedo a ser víctima, como sí el concepto que nos ocupa. Así, “el hecho de que la violencia se perciba como problema social no significa necesariamente que uno se sienta afectado personalmente” (Dittmann, 2008)

La importancia del estudio del miedo al delito en las ciencias sociales radica en que esa percepción subjetiva de inseguridad puede tener consecuencias negativas en la población, tanto a nivel individual como social e incluso urbano.

Medina (2003) cita a Warr, al señalar  que  “las consecuencias del miedo son reales, tangibles, y potencialmente severas a ambos niveles, el individual y el social”, lo que supone que la reducción (o más bien el control de los niveles) del miedo al delito se ha convertido en algo igual de importante que la reducción de las tasas de delitos.

En este sentido, “el miedo al delito obliga a los individuos a cambiar sus estilos de vida” (Medina, 2003), y puede conllevar una pérdida de calidad de vida al “originar ansiedad, cambio de hábitos (…), fractura del sentimiento de comunidad y menor implicación en actividades comunitarias, aislamiento, actitudes favorables a políticas más punitivas…” (Vozmediano, 2010), lo que conlleva, obviamente, consecuencias negativas para la calidad de vida de las sociedades y “constituye un obstáculo para la democratización del espacio público urbano” (San Juan y Vozmediano, 2009).

Profundizando en estas consecuencias del fenómeno, cabe destacar que a nivel individual, el miedo al delito puede provocar cambios de conductas dirigidas a una mayor protección dentro y fuera del hogar, por ejemplo “las personas pueden buscar vivir en edificios con sistemas de vigilancia que restringen el acceso de desconocidos (…) [y] las personas pueden también alterar algunos hábitos de interacción social, como evitar salir de casa” (Ruiz Pérez, 2007)., mientras que fuera de la vivienda se pueden abandonar ciertas zonas o evitar determinadas interacciones sociales, lo que hace disminuir la vigilancia informal e incrementa el riesgo de aparición de delitos. Esto último, además, enlaza con las consecuencias sociales, como la disminución de la comunicación o el aislamiento social.

Por tanto, el miedo al delito afectaría a los patrones de actividad de los individuos, limitando su participación en las actividades sociales e, incluso, generando un estrés psicológico que supone una grave limitación en la libertad individual (Atkins, Husain y Storey, 1991).

Sin embargo, no hay que dejar de lado que el miedo al delito no tiene por qué ser intrínsecamente nocivo para los ciudadanos, porque puede poner a los individuos “alerta” y prevenir conductas que favorezcan su victimización. Por tanto, este concepto “llega a ser disfuncional cuando el miedo es desproporcionado al riesgo objetivo” (Warr, 2000), lo que convertiría a los individuos en víctimas de una percepción subjetiva y no necesariamente relacionada directamente con la realidad delictiva.

Entre la literatura científica centrada en este concepto del miedo al delito, una importante línea de investigación se ha enfocado a detectar los  factores que contribuyen a crear sentimientos de inseguridad ciudadana (Medina, 2003). Así, se pueden establecer tres hipótesis para conocer el miedo al delito, centradas en la vulnerabilidad de los individuos, en la victimización, y en las variables ambientales:

 

n  Vulnerabilidad: se trataría del estudio de las variables personales, como sexo, edad, capacidad de afrontar problemas y control (Vozmediano y San Juan, 2006). En este ámbito, los estudios han tratado de relacionar género y edad con miedo al delito (Gilchrist et al, 1998) en el sentido de que las mujeres sufren mayor miedo al delito que los hombres, y las personas de avanzada edad, más que los jóvenes. Según Medina (2003), de hecho, “se asume que mujeres, personas de mayor edad, miembros de minorías étnicas, y personas de baja clase social son personas que exhiben, por regla general, una mayor vulnerabilidad objetiva y subjetiva frente al delito”. Sin embargo, hay una paradoja en estos resultados, ya que si bien las mujeres suelen tener niveles de miedo al delito mayores, sin embargo, son víctimas con menos frecuencia (Vozmediano, 2010) y ciertos estudios señalan incluso que las mujeres y los ancianos parecen tener los niveles más bajos de victimización (Will y McGralh, 1995).  Con todo, parece evidente que “la gente más vulnerable se siente lógicamente más insegura y, en la medida de sus posibilidades, toma más medidas de seguridad, disminuyendo su exposición al riesgo y, por tanto, su victimización” (Gondra, 2008).

 

n  Victimización: Haría referencia a las variables psicosociales,  (Vozmediano y San Juan, 2006) y se centraría sobre todo en  que aquellos individuos que ya han sufrido o vivido  de forma directa o indirecta  un delito temen ser víctimas de nuevos delitos. Los delitos vividos de forma directa son los que se sufren en primera persona, en los que el individuo es víctima, mientras que los delitos sufridos de forma indirecta hacen referencia al conocimiento de victimización. Esta información puede llegar a través de familiares, amigos o conocidos, y también a través de los medios de comunicación o por medio de fuentes secundarias, ya que la imagen que los ciudadanos se componen sobre la criminalidad depende “en primer lugar, de su propia experiencia como víctima o la de sus allegados. En su defecto, se convierten en fuente principal las noticias que difunden los medios en relación con la delincuencia, cuando no el mero rumor de la experiencia de otros” (Soto, 2005).  En este sentido, una parte de la investigación también señala que existe una percepción de riesgo de victimización que supone que “aquellos individuos que piensan que están más expuestos a un mayor riesgo de ser víctimas, son también más temerosas del delito” (Medina, 2003).

 

n  Procesos ecológicos o variables ambientales: en diferentes estudios se postula que las dinámicas de los vecindarios y la actividad social de los mismos son claves para la reducción tanto del delito como del miedo al delito, en el sentido de que los barrios más cohesionados y con mayor integración, e incluso los diseños de los espacios, pueden favorecer que el miedo al delito sea menor. Este hecho está relacionado con la teoría de las ventanas rotas (Wilson y Kelling, 1980),  que conlleva que los signos de desorden en un lugar determinado atraen más desorden y debilitan el control social informal, es decir, que la delincuencia genera más delincuencia. Así, cuanto más “desordenado” perciba un individuo su barrio, más miedo al delito tendrá. En algunos trabajos se hace también referencia a la estructura del espacio urbano, siguiendo la línea de la prevención situacional del delito. Así, en primer lugar, ciertos estudios consideran que las características de un lugar pueden inhibir las relaciones sociales y hacer que los delitos ocurran con más frecuencia (Vozmediano y San Juan, 2006), y viceversa, mientras que, en segundo lugar, otros trabajos han puesto su mirada en la degradación de los espacios en referencia a la citada teoría de las ventanas rotas. Aquí, se establece que barrios que combinen parte residencial,  comercial, institucional y de ocio, pueden ser más seguros ya que atraen un flujo continuo de personas durante todo el día  garantizando la vigilancia informal (Schweitzer, 1999). En este sentido, se ha comprobado que las características socio-física de los escenarios urbanos son muy importantes para la aparición del miedo al delito, como “un fenómeno eminentemente urbano en su origen, que es en las ciudades donde este miedo es más frecuente y donde se manifiestan sus consecuencias” (Vozmediano, Vergara y San Juan, 2010) ya que en ese entorno, aparece la idea de que no nos conocemos,  y tenemos muchas interacciones diarias en diferentes espacios, “pero nunca tenemos un conocimiento profundo ni certero sobre quién es la persona con la que estamos hablando” (Fernández-Ramírez, 2008). Para Taylor y Covington (1991), así, es la falta de lazos sociales locales y la conciencia de que el barrio se está deteriorando lo que da lugar a un miedo al delito elevado.

 

En otros estudios, también se han señalado como factores que pueden explicar el miedo al delito estudios sobre la confianza en la policía, los hábitos televisivos (Romer, D., Jamieson, K., Aday, S., 2003),  o la crisis de confianza en las instituciones públicas que se produce en la sociedad contemporánea (Medina, 2003), aunque los resultados respecto a estos factores no son tan determinantes, como es el caso de la satisfacción con la policía que, tal y como afirma Medina (2003), parece no tener ningún efecto consistente en el miedo al delito cuando se controlan las demás variables relevantes que pueden influenciar su aparición. Cabe destacar que diversos estudios han relacionado también el papel de los medios de comunicación como victimización indirecta como una de las causas más importantes del miedo al delito, porque es a través de las noticias de estos diferentes canales de comunicación  como construimos los individuos las percepciones sociales,  sin embargo, no existe “suficiente investigación sistémica que evalúe  el impacto de los medios sobre las percepciones públicas del delito o el miedo al delito” (Warr, 2000).

En cualquier caso, el miedo al delito, o el temor a ser víctima de una agresión, estaría relacionado con la probabilidad que una persona estima de ser víctima de un delito. Sin embargo, los individuos tienden a sobrestimar esas probabilidades, por lo que los factores que explicarían las posibilidades de forma objetiva no son los mismos que explican la aparición del miedo al delito (Ruiz Pérez, 2007).

Respecto a la medición del miedo al delito, tampoco hay un consenso claro al respecto, pero se puede señalar que de forma genérica, para analizar cualquier fenómeno criminal, se cuenta con cuatro fuentes de datos habituales, como son encuestas de victimización, datos judiciales, datos policiales y datos penitenciarios (Vozmediano y San Juan, 2006).

En este caso,  puesto que hablamos de percepciones subjetivas, la metodología que más se ha utilizado es la encuesta, para “diagnosticar el alcance del fenómeno y construir modelos explicativos generalizables a la población” (Vozmediano, 2010), aunque además de los problemas metodológicos, la medición del miedo al delito se enfrenta al problema básico de la conceptualización, al no existir un consenso en la literatura científica, lo que hace difícil la generalización de resultados o la comparación con otros estudios.

Así, las encuestas se han basado fundamentalmente en recoger la intensidad del miedo, preocupación, probabilidad, etcétera, es decir,  se trata de preguntar a los ciudadanos cuánto miedo tienen o cuánto les preocupa convertirse en víctimas de delitos (Vozmediano, San Juan y Vergara, 2008).

Respecto a las encuestas de victimización, ya en los comienzos de las investigaciones sobre el miedo al delito en Estados Unidos en los años 70 “se esperaba obtener nuevos conocimientos sobre las consecuencias que habían tenido para las víctimas, entre otras, el miedo a la delincuencia” (Dittmann, 2008).

En el caso concreto de España el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sí ha tratado algunos problemas relacionados con la victimización a través de barómetros, pero casi de forma puntual y sin un seguimiento, mientras que el Instituto Nacional de Estadística (INE)  prácticamente no ha realizado estudios en este sentido, lo que ha supuesto que no se hayan configurado instrumentos normalizados de medida (Gondra, 2008) que permitan profundizar en el miedo al delito, sus causas y consecuencias.

Uno de los problemas metodológicos a los que se enfrentan las encuestas de victimización parte de la propia definición de miedo al delito como reacción emocional caracterizada por una sensación de peligro, porque es obvio que una persona que camina sola en una zona peligrosa en medio de la noche, experimenta un miedo diferente al que persiste en el tiempo y por el cual es preguntado en esa encuesta en un momento puntual (Garofalo, 1981).  Por lo tanto, una medición adecuada del miedo al delito requeriría conocer también la frecuencia con que los individuos se encuentran en esas situaciones de miedo puntual a un daño físico.

En otros casos, se han realizado estudios cualitativos, como los seguimientos de procesos fisiológicos asociados al miedo (Warr, 2000),  pero la realidad es que las mejoras metodológicas y el diseño de instrumentos de medida que se han ido sucediendo a lo largo de las investigaciones sobre el miedo al delito han recibido diferentes críticas por la falta de acuerdo científico (Vozmediano, San Juan, y Vergara, 2008) y por las limitaciones a que las diferentes metodologías se enfrentan teniendo en cuenta que hablamos de un fenómeno subjetivo y complejo.

El miedo al delito no debería ser erradicado, sino regulado, ya que puede ayudar a los individuos a protegerse ante problemas de delincuencia reales, como ya se ha comentado con anterioridad, sin embargo, no es en ningún caso beneficioso cuando el nivel es más elevado que el de delitos objetivos.

Siguiendo a Warr (2000), el problema al que nos enfrentamos al hablar de miedo al delito no es la ausencia de conocimiento por parte de los individuos que componen la sociedad y que son víctimas de este fenómeno, sino la falta “de desmitificación del delito para el público en general y de presentación de una versión razonable y entendible de los hechos sobre el delito”.

Antes de continuar, es necesario establecer la diferencia que presenta en la sociedad las relaciones entre tasas de delitos y niveles de miedo al delito elevados o bajos. Así, la combinación de esas tasas de delito, objetivas, y la percepción de inseguridad subjetiva que provoca miedo al delito nos daría la siguiente figura (Vozmediano, 2010):

Miedo al delito

 

En este sentido, y siguiendo a la autora Vozmediano, si se da una situación ideal en la que tasa de delitos y miedo al delito es baja, no se debería realizar intervención alguna, mientras que si la tasa de delitos  y el miedo al delito son elevados, se produce un miedo realista que supondrá que sea más importante combatir el delito que la percepción subjetiva que se da en los ciudadanos, porque probablemente ésta bajará cuando descienda la primera.

En el tercer caso, si la tasa de delitos es elevada, pero el miedo al delito bajo, se produce una sensación de seguridad no realista que puede llevar a los individuos a tener conductas que propicien que se produzca un delito, es decir, que favorezcan las oportunidades de ser víctimas. En este caso no deberíamos intervenir para reducir el miedo al delito, ya que al hacerlo  “incrementaríamos las oportunidades de que los individuos dejaran de tomar las precauciones necesarias para su propia seguridad (o la seguridad de otros) y, por tanto, aumentaría su riesgo de victimización” (Warr, 2000).

Por último, una tasa de delitos baja y un miedo al delito elevado supondrán la aparición de un miedo no realista, que necesitará de una intervención a nivel de percepción subjetiva, para eliminar la sensación de inseguridad que no se corresponde con la realidad.

Partiendo de estas situaciones, y para combatir el miedo al delito en los casos en los que es necesario, en ciertos estudios se apunta a los factores que causan el miedo al delito, como es la influencia de los medios de comunicación  a través de la imagen que de la delincuencia se da en las noticias (Warr, 1993), entre los motivos más significativos, pero  sería difícil conseguir una intervención efectiva sobre el descenso del miedo al delito centrándonos en esos factores, ya que no existe literatura científica suficiente que muestre cuáles son realmente las causas que, en este sentido, hacen que los individuos tengan mayor o menor miedo al delito.

Sin embargo, y en relación con la importancia ecológica que los estudios otorgan a este fenómeno, parece que la intervención en el diseño de los espacios urbanos es importante para combatirlo (Vozmediano, Vergara y San Juan, 2010) y, sobre todo, más efectivo. En este sentido, hay que señalar que un vecindario en armonía es aquel que consigue un equilibrio entre la determinación de sus moradores de conservar su intimidad y su simultáneo deseo de establecer diversos grados de contacto, esparcimiento y ayuda con sus vecinos (Jacobs, 1973), donde tan importante es la seguridad objetiva como el sentimiento de seguridad de los individuos, lo que requiere no sólo de vigilancia policial formal, sino de control social informal (Skogan, 1986).

También algunos estudios, como el realizado por Vozmediano y San Juan (2006), proponen el uso de sistemas de información geográfica (SIG), para la recopilación, representación y análisis de información referenciada geográficamente, para abordar cuestiones relacionadas con el miedo al delito como las variables psico-socio-ambientales y en qué medida explican cómo surge y se mantiene ese miedo al delito. Este sistema, permitiría estudiar el fenómeno en tiempo y espacio y realizar comparaciones entre diferentes lugares.

Si hay algo en lo que está de acuerdo prácticamente la totalidad de la literatura científica sobre el miedo al delito es en que no existe correspondencia evidente entre las tasas del delito y el miedo al delito (Vozmediano, Vergara y San Juan, 2010).

En concreto, España tiene unas tasas de criminalidad muy por debajo de la media europea y la estructura de los delitos en este país no ha variado a lo largo de los años, por lo que los hurtos y robos suponen el mayor porcentaje de infracciones, alrededor del 70%, mientras que el resto de delitos tienen porcentajes muy inferiores (Díez Ripolles, 2006), mientras que los niveles de miedo al delito son mucho más altos en comparación con la realidad delictiva.

En contraposición a estos datos, Soto (2005) señala que los ciudadanos temen más ser víctimas de un delito contra las personas que de un delito contra el patrimonio, a pesar de que éstos últimos son muchos más que los primeros. La autora, en este sentido, matiza que los delitos que más atemorizan son aquellos que más repercusión mediática alcanzan, aunque no señala si es por la propia aparición de las noticias en los medios o por el miedo que supone en los individuos verse implicados personalmente en el momento en que se está cometiendo el delito.

Por todo, el miedo al delito constituye por sí mismo un problema, independientemente de la delincuencia objetiva (Vozmediano, San Juan y Vergara, 2010), y por tanto, debe ser estudiado para lograr medidas de intervención que permitan regular los niveles de miedo al delito para adecuarlos a la realidad objetiva de la criminalidad, evitando así que los ciudadanos sean víctimas de una percepción que no se corresponde con la realidad y que puede conllevar consecuencias tan preocupantes como las de los propios delitos.

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